Previo a la construcción del informe de segundo debate, la Comisión de Justicia, en la sesión 108, en modalidad virtual, revisó los artículos 28 al 33, atinentes a los consultorios jurídicos gratuitos, del proyecto de Ley de la Defensoría Pública. La Universidad de Antioquia, Colombia, compartió la experiencia de la gestión de estas unidades de apoyo a la comunidad.
Justamente, Luquegi Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta institución y especialista en Derecho Público, destacó que los consultorios son un espacio de formación de los futuros abogados y contribuyen a la materialización del acceso a la justicia a las personas de menores recursos, tratando de romper el divorcio de la teoría y la práctica.
Indicó que es una obligación de todos los programas de Derecho contar con este tipo de entidades, más aún cuando la Defensoría Pública no alcanza a cubrir o atender a toda la población. Entonces, todos los estudiantes deben cursar, durante sus dos últimos años, la asignatura de consultorio jurídico gratuito como requisito para titularse.
Recordó que la Carta Magna de 1991 elevó a garantía constitucional la autonomía universitaria, que contempla el desarrollo de programas académicos. En materia de organización y funcionamiento de consultorios, en los últimos 50 años, ha existido un alto nivel de estabilidad jurídica al respecto, cuya autorización, por única vez, corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Evitar duplicidad de procedimientos
Para Jorge Baeza Regalado, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional del Ecuador y Secretario de la Red de Escuelas de Derecho a Nivel Nacional, es fundamental descartar cualquier confusión de los objetivos de acreditación, evaluación y sanción de los consultorios. Recomendó profundizar en la parte dogmática y procedimental que puntualmente tienen el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) y la Defensoría Pública, para evitar duplicidad de procedimientos para un mismo fin.
Autonomía
Hernán García, docente y director de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Universidad Central del Ecuador, opinó que las carreras de Derecho deben disfrutar de autonomía, cuyo principio tiene que prevalecer en el funcionamiento de los consultorios. Mencionó que la Defensoría Pública no tiene categoría académica para acreditar y evaluar a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades.
Mientras, Edward Acuña García, asesor Legal de CARE Internacional capítulo Ecuador y representante de la Fundación Alas de Colibrí y Dialogo Diverso; y, Rodrigo del Fierro Camacho, coordinador Nacional de Incidencia de la Misión Scalabriana y de la Red Clamor, encargados de fomentar estrategias jurídicas para la defensa de derechos de personas en movilidad humana, plantearon que se garantice autonomía de las organizaciones, asociaciones y fundaciones defensoras de los derechos humanos y la naturaleza, al enfatizar que su tarea está acompañada por la Defensoría del Pueblo.
MG/cz
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