Por convocatoria del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que coordina la asambleísta Mónica Alemán, diversas organizaciones sociales y de defensa de derechos de todo el país, evaluaron las condiciones de violencia intrafamiliar que se producen en tiempos de Covid-19.
Wendy Ruiz, del Foro de la Mujer, núcleo Imabura, aseguró que fue perjudicial el que se haya obligado al confinamiento de mujeres en la pandemia, junto con su agresor, lo cual ha incidido en el crecimiento de este fenómeno, sin que haya la suficiente antención, tanto de la Fiscalía, cuanto de la Justicia, como tal. A esto se suma la inexistencia de casas de acogida para víctimas de violencia, subrayó.
De su lado, Miriam Ernest, del Consejo de Protección de Derechos de Quito, dijo que faltan mecanismos adecuados para la plena aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Volencia de Género contra las Mujeres, pues no solo se trata de evaluar la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, sino también qué pasa con las mujeres que están en primera línea de combate al Covid-19.
A la vez, Ernest expresó su preocupación por el incremento exponencial de la cesárea en los partos, lo cual es parte de la violencia obstétrica, que afecta a muchas mujeres, a cambio de la comodidad de los médicos que la practican.
Entre tanto, Bety Tola, de la Plataforma Camino a la Igualdad, partió de la defensa de la Ley para la Prevención de la Volencia como una conquista de las mujeres. Lo que hace falta, añadió, es empoderar a las mujeres de los mecanismos establecidos en esta normativa para exigir su cumplimiento. Destacó cuatro elementos esenciales de la ley, que son la prevención, la atención, la protección y la reparación.
Mientras, Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, explicó cuál es el trabajo que desarrolla esta instancia de Gobierno. Lamentó el que se hayan postergado varios proyectos de inversión, por el orden de dos millones 440 mil dólares, así como un millón 500 mil dólares más para nuevas contrataciones de personal, por las dificultades económicas que afronta el país; esos recursos se mantendrán para el presupuesto de 2021, agregó.
A criterio de Beatriz Juárez, sobreviviente de violencia, el Estado no es capaz de responder con políticas favorables para erradicar la violencia contra la mujer.
Para Mónica Alemán, es preocupante que hasta junio del presente año, es decir durante la pandemia, se hayan reportado más de 22 mil llamadas al servicio 911, por alerta de violencia intrafamiliar. Agradeció los aportes de las diferentes organizaciones sobre los avances en materia de protección a la mujer. “Denunciemos y generemos las redes de protección y apoyo a las víctimas de la violencia, concluyó.
EG/cz
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