La Comisión de la Salud, presidida por el legislador William Garzón, sesionó este miércoles, 12 de agosto, para recibir varios testimonios de ciudadanos con discapacidad en la obtención del carné, así como en la recalificación de discapacidad y el acceso a los beneficios contenidos en la Ley.
El titular de la Comisión mostró su preocupación y rechazó la disposición del Ministerio de Salud, al prohibir la comparecencia en el organismo legislativo de la doctora Ireni Samaniego, quien es la encargada de la Calificación de Discapacidades del Centro de Salud Cordero Crespo, en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar.
El primero en intervenir fue Cristopher Mina, joven con discapacidad quien describió el proceso. Para el ciudadano, el trámite ha sido engorroso por la cantidad de documentos, demora y gastos económicos. Señaló que el primer carné lo obtuvo en 2016 y que a la fecha, por la serie de trámites y de recursos necesarios, no ha logrado acceder a una recalificación.
Entre tanto, Manuel Cáceres, persona no vidente, dijo que obtuvo su carné a través de una brigada del Consejo de Discapacidad (Conadis). Como dirigente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Bolívar señaló que no cuentan con profesionales especializados para lograr la recalificación, por lo que muchos de ellos han sido obligados a viajar a otros cantones. Señaló que no se ha cumplido con lo que manda la Ley de Discapacidades, generando un perjuicio a las personas con discapacidad.
Milton Gaibor Benavides denunció la inexistencia de unidades de calificación de discapacidad. Agregó que cuando la competencia pasó del Conadis al Ministerio de Salud, los trámites para la recalificación de la discapacidad incluyen el historial médico, además de otros requisitos que se hacen en la unidad de salud.
Alfredo Luna, informó que obtuvo el carné de discapacidad a raíz de un accidente de aviación. “El problema no está en la obtención sino en la recalificación de mi discapacidad”, señaló. Sobre el proceso dijo que el trámite fue engorroso que incluso lo habría obligado a demandar al Presidente del Conadis, en la presidencia de Sixto Durán Ballén. He presentando seis acciones legales para garantizar mi derecho y beneficios por mi condición, aseguró.
William Antonio Díaz, director de la Asociación de Personas con Discapacidad “Unámonos”, explicó que han presentado una denuncia sobre el caso de carnés de discapacidad. Señaló que en los últimos años se ha registrado un incremento en el número de personas con discapacidad en el país, por lo que sugirió que debe investigarse. El representante de la asociación, indicó que este tema no es nuevo y que como organización presentaron demandas años atrás.
Inquietudes de los legisladores
Tras la intervención de los comparecientes, los comisionados rechazaron la decisión del Ministerio de Salud de no permitir la comparecencia de la encargada de Calificación de Discapacidades del Centro de Salud de Guaranda. Así mismo, los legisladores orientaron sus intervenciones a las reformas a la Ley de Discapacidad a fin de garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria.
Agregaron que la información expedida por la cartera de Salud, ha sido incompleta y carece de detalles, en relación a los procesos y acciones para contrarrestar el problema que ha perjudicado a las personas vulnerables. A juicio de los asambleístas, los datos servirán para emitir un informe concluyente. Se refirieron a las dificultades de organismos y asociaciones de personas con discapacidad para garantizar los derechos ciudadanos.
Comisión General
Paola Zambrano, miembro de la veeduría ciudadana de Personas con Autismo Ecuador, se refirió a la exoneración de impuestos a través de los beneficios del carné de discapacidad, al indicar que ha sido un grave perjuicio económico para el país. Sobre la calificación de discapacidades manifestó que aún no se abrió el proceso y muchos de ellos no pueden acceder a la emisión del carné y por ende a los servicios médicos y de salud. Sobre el trabajo del Conadis, señaló que no ha velado por los intereses de este grupo vulnerable.
Similar criterio compartió Stalin Basantes, miembro de la Veeduría, al señalar que el problema es integral y no solo en función a la importación de vehículos. Expresó que la falta de información del Ministerio de Salud y Conadis no aporta y dificulta la investigación.
EA/cz
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