Marco López Narváez, representante del Presidente de la República ante la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, informó acerca de la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19.
López, tras explicar cómo funciona este organismo, que depende de la Función Ejecutiva y mantiene total independencia respecto de las instituciones de control, como las superintendencias, indicó que hasta junio del presente año el total de cartera restructurada alcanza los 10 mil ochocientos millones de dólares, con un total de dos millones de operaciones, en el sistema financiero privado.
En el caso de la banca pública, las operaciones de restructuración suman 16 mil, por un total de 2832 millones de dólares, mientras en el sector de la economía popular y solidaria se registran 905 mil 419 operaciones, por 7170 millones de dólares.
Recordó que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Apoyo Humanitario, la restructuración o refinanciamiento de las obligaciones crediticias debían responder a acuerdos puntuales entre los clientes y las instituciones financieras. Por ello, la Junta Política ha dado las directrices necesarias para que se cumplan las disposiciones de la referida ley.
Aseguró que la entidad ha tomado los arbitrios necesarios, desde el primer momento en que se registró la crisis sanitaria, para aliviar la situación de los clientes de la banca, tanto pública, cuanto privada, mediante el diferimiento de los pagos, primero por tres meses y, luego, se extendió dicho plazo.
Control
De su lado, Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, aseveró que el trabajo del organismo se enmarca en tres pilares fundamentales: reformas al marco legal regulatorio; supervisión financiera eficaz, con transparencia y rendición de cuentas; y, contar con sistemas financieros inclusivos.
Indicó que, desde el inicio de la emergencia por la pandemia, la Superintendencia de Bancos dispuso una serie de medidas de integralidad, partiendo de procurar el alivio financiero, vía restructuración y refinanciamiento, sistemas de tasas de interés, mediante la reducción de los segmentos. Se estableció un fondo de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes).
“No hemos dejado de controlar al sector financiero; hemos emitido 12 resoluciones relacionadas con la aplicación de la Ley Humanitaria, entre ellas una relacionada con mejorar la gestión de los defensores del cliente”, dijo, al subrayar que en estos meses de la pandemia se ha producido un importante crecimiento de las atenciones, a través de la banca virtual.
Recuperación de cartera
Entre tanto, Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, presentó cifras que demuestran una importante recuperación del sector, ya que al momento se ha captado el 50 % de la cartera, lo cual demuestra la capacidad de resiliencia de este segmento económico y, a la vez, 437 entidades reguladas han colocado nuevos créditos por 434 millones de dólares, lo cual representa el 72 % de lo que se ejecuta en tiempos normales.
Según la funcionaria, se estableció un Plan de Contingencia para enfrentar la crisis, que incluye, entre otras, acciones de control, gestión comunicacional y gestión normativa, con la emisión de manuales técnicos e instructivos. En este marco, uno de los aspectos más relevantes del trabajo de este organismo es la capacitación permanente a todas las organizaciones sujetas a su regulación.
Añadió que la Superintendencia ha garantizado la operatividad del sector, se han flexibilizado los horarios de atención de las entidades, se ha optimizado el uso de canales virtuales para la atención al público y se ha mantenido una coordinación permanente con la Defensoría del Pueblo.
Luis Pachala, quien dirigió la sesión, agradeció a las autoridades por la información entregada, tanto en forma oral, cuanto escrita. A la vez, comprometió a las titulares de las dos superintendencias para que participen de una mesa de trabajo para analizar las alternativas de reactivación de uno de los sectores más golpeados por la crisis, como es el caso del transporte.
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