Con la presencia de autoridades de los ministerios de Educación, Defensa y de Finanzas, así como de asociaciones de padres de familia, la Comisión de Educación analizó la propuesta de articulado sobre instituciones educativas fiscomisionales regentadas por Fuerzas Armadas, diseñada por la legisladora Dallyana Passailaigue, como resultado de los consensos alcanzados en los talleres de trabajo de las reformas a la Ley de Educación Intercultural (LOEI).
La comisión decidió incorporar este articulado en el informe borrador de segundo debate del proyecto de reformas a la LOEI, que se reciban las observaciones y realicen los ajustes necesarios con el equipo técnico.
Jimmy Candell, presidente del ente legislativo mencionó que las entidades administradas por militares cumplieron, en su debida oportunidad, un rol muy importante en el desarrollo de sistema educativo del país y la formación en valores, pero en el Gobierno anterior se les quitó esas competencias y pasaron al Ministerio de Educación. De 25 centros solo a seis se los consideró como emblemáticos y quedaron en manos de Fuerzas Armadas, indicó.
Dallyana Passailaigue dijo que la iniciativa se basa en cuatro ejes: constitucionalidad, estabilidad laboral de los docentes, derecho a la educación de alumnos y el presupuesto para el sostenimiento de las instituciones. La parte académica en estos centros no constituye una formación militar, ni preparación para la guerra, pues se sujetarán a los lineamientos de la LOEI y el contenido del currículo nacional que fija la autoridad educativa nacional, aclaró.
Parte de sus principios institucionales se refieren, continuó, a valores en democracia, derechos humanos, promotores de la cultura de paz, interculturalidad, equidad, ciudadanía, convivencia social, participación e integración.
Aseveró que no existe contraposición constitucional alguna que impida el reconocimiento de estas unidades educativas. El texto acoge el sentimiento de las organizaciones de padres y madres de familia que han venido luchando por recuperar la calidad educativa, sostuvo.
Contenido de la propuesta
La propuesta, entre otros aspectos, determina que las instituciones educativas fiscomisionales regentadas por Fuerzas Armadas se regularán de acuerdo con el régimen especial establecido en esta ley; podrán contar con asignaciones del Presupuesto General del Estado y del cobro de matrículas y pensiones; estarán adscritas al Ministerio de Defensa como entidades operativas desconcentradas y gozarán de autonomía administrativa, orgánica y financiera.
Formarán parte del Sistema Nacional de Educación y se regirán por las directrices emitidas por la Autoridad Educativa Nacional, en el campo educativo; garantizarán la gratuidad de por lo menos el cinco por ciento (5 %) de estudiantes pertenecientes a población que se encuentre en los quintiles más bajos de pobreza.
Inquietudes de comisionados
Las asambleístas Silvia Salgado, Teresa Benavides y Noralma Zambrano coincidieron en garantizar, en todo instante, el mandato constitucional que habla de la gratuidad de la educación pública y que el número de becas para gente de escasos recursos llegue al 40 % o más. Mientras Jeannine Cruz, vicepresidenta de la comisión, refirió que el artículo 29 de la Constitución permite a los padres de familia escoger una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
Monserrat Creamer, ministra de Educación, consideró que la oportunidad es propicia para hacer una reforma integral a la Ley de Educación Intercultural, que permita potenciar la gestión de todas las entidades fiscomisionales y su sostenibilidad, siempre con la visión de calidad. Expresó su desacuerdo con la idea que las instituciones regidas por militares cuenten con un régimen especial para su funcionamiento.
A su vez, Juan Francisco Díaz, del Ministerio de Finanzas, pidió clarificar la estructura financiera y la situación del personal que migraría de lo fiscal a fiscomisional.
Apoyo total
Robert Tandazo, del ministerio de Defensa, expuso que los militares, por muchos, años participan en programas de apoyo al desarrollo nacional con los colegios militares. Ahora se busca darle fuerza legal a la gestión de las seis entidades que administran Fuerzas Armadas y las otras que recuperarían esa condición, añadió.
En la misma línea, Verónica Flores, representante de los padres de familia, puso de manifiesto la decisión de cancelar matrículas y pensiones para darle sostenibilidad al manejo de este tipo de centros. Queremos retomar una educación de calidad y calidez, lucha que la desarrollamos más de cinco años, enfatizó.
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