Con el objeto de erradicar la corrupción y promover transparencia en la contratación pública, la Comisión de Régimen Económico trabaja una nueva normativa que articula visiones de parlamentarios, del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y de especialistas en esta materia. En la jornada de hoy, los comisionados revisaron varias definiciones que se agregan en el artículo 6 en materia de anticipo, convenio marco, desagregación de componentes, mejor costo de bienes o servicios normalizados, oferta habilitada, oferta normalmente baja, contrato de compra simplificada y presupuesto referencial.
En el debate, el legislador Luis Pachala solicitó que en la definición se tome en cuenta la oferta territorial que permita dinamizar la economía local, a fin de que los pequeños y medianos productores de bienes y servicios puedan participar en ofertas de compras del Estado. De esta manera, dijo que se genera dinamismo, inclusión y transparencia en todos los procesos. Sobre este particular, la asambleísta Lira Villalba manifestó que este este tema no pasa por definición sino por regulación de forma transversal en la ley, razón por la cual, la Comisión articulará este particular en la nueva normativa.
Por su parte, la parlamentaria Gabriela Larreátegui planteó incluir en las definiciones aspectos sobre el anticipo devengable y responsable, se clarifique el texto sobre catálogo electrónico, que debe ser entendido como único y que dentro de este puede haber diferentes clasificaciones.
En cambio, el presidente encargado de la mesa legislativa, Franco Romero Loaiza, recordó que por años se ha mal utilizado el tema del anticipo para la adjudicación de contratos. Señaló que hay que impedir que las obras entren con cero anticipo porque va en detrimento de pequeñas y medianas empresas que se ven perjudicadas. Este particular fue ampliamente debatido por los parlamentarios quienes coincidieron que debe haber claridad en la definición, transparencia y sobre todo verificado por la Contraloría para ir al siguiente proceso en la contratación pública.
Al analizar la definición del convenio marco se precisó la necesidad de visibilizar las ofertas territoriales. Se señaló que es un acuerdo de voluntades entre el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública y proveedores seleccionados a través del procedimiento que regule el Sercop, que tiene por objeto habilitar a los proveedores seleccionados en el registro del repertorio virtual y la oferta de bienes y servicios en los catálogos electrónicos generales.
Así mismo, los comisionados revisaron el tema del mejor costo en bienes o servicios normalizados, mismo que debe cumplir con todas las especificaciones y requerimientos técnico, económico y financiero legal y ambiental, bajo criterios de calidad y sostenibilidad exigidos en los documentos precontractuales donde se oferte precio más bajo con condiciones más ventajosas.
Igualmente, al analizar la prórroga del plazo para el cumplimiento de la obligación previsto en el contrato, la cual debe ser solicitada por el contratista, los parlamentarios consideraron que debe establecerse las causas por la que se solicita dicha prórroga.
En otro orden, la Comisión de Régimen Económico mantendrá diálogos con la mesa de Justicia para definir el tratamiento de temáticas que se encuentran en su conocimiento, en cuanto a sancionar a los proveedores que incurran en las infracciones establecidas en la nueva ley, así como establecer las causales para ejecutar la suspensión temporal del proveedor en el Registro Único.
La mesa legislativa, entre otros aspectos, también debatió respecto de la integración de la figura del “control previo”, razón por la cual, para el próximo viernes 28 de agosto, se convocará al Contralor General del Estado y por pedido de la legisladora Ana Belén Marín, se citará también al Procurador General del Estado, para que de sus observaciones a las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
JLVN/cz
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