Un nuevo tema de análisis y debate generó el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, en el marco de la socialización del Código de Protección Integral a este grupo de atención prioritaria. En esta oportunidad, se plateó que las Juntas de Protección de Niños y Adolescentes cuenten con autonomía administrativa, personal especializado y un sistema digital adecuado para el desarrollo de sus actividades, pues la digitalización de servicios que prestan depende del apoyo de entrega de recursos que puedan disponer los municipios.
Los panelistas debatieron sobre las relaciones familiares, patria potestad, tenencia y régimen de protección económica. El adolescente de 14 años, de la ciudad de Guayaquil, Andrés Romero, integrante del Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes, en su intervención señaló que las relaciones familiares están en decadencia, existe irresponsabilidad en la educación de los hijos, y cuando se da un divorcio no se cumple con la entrega de recursos económicos, por lo que pidió cambiar estas injusticias que promueven inestabilidad en niños, niñas y adolescentes.
Cómo hablar de protección de derechos de niños y adolescentes, cuando en este momento, los padres de familia se quedan sin trabajo, hay rebaja de sueldos, reducción presupuestaria en materia de educación y salud, en medio de la pandemia por Covid-19, dijo Andrés Romer. Precisó que el Estado debe ser el primero en generar la estabilidad y promover políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos.
Agradeció a la Asamblea Nacional la construcción de una normativa donde se establece mecanismos para defender sus derechos, pero, es necesario la entrega de recursos para su cumplimiento, precisó.
El legislador Ángel Sinmaleza destacó la importancia de las buenas relaciones familiares para el desarrollo de niños y adolescentes. En cuanto a la patria potestad precisó que es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los progenitores relativa a sus hijos no emancipados referente al cuidado, educación, salud, alimentación y demás derechos tendientes a garantizar una vida digna. Precisó que la limitación, suspensión o pérdida de la patria potestad aplica a sus derechos, más no a las obligaciones con los hijos e hijas.
Mencionó que en el nuevo Código que trabaja la Comisión Ocasional de la Niñez existen innovaciones como la protección contra el traslado y retención ilícita de niños, niñas y adolescentes, la recuperación de la hija/o; la suspensión de la patria potestad por incumplimiento del régimen de protección económico.
El parlamentario destacó la inclusión en el Código de la opinión de los niños, cuando el juez toma una resolución respecto a la tenencia, así como el régimen de protección económica hasta los 24 años de edad.
De su lado, Jessica Jaramillo, presidenta de la Fundación contra la Violencia de Niños y Adolescentes, indicó que la violencia intrafamiliar genera, a la larga, conductas agresivas no solo en los niños y jóvenes sino también entre los progenitores, por lo que consideró necesario la atención de esta problemática a través de terapias y seguimiento de procesos para lograr familias saludables. Sostuvo que los informes de los equipos técnicos deben ser vinculantes por el juez competente en el momento de tomar una decisión de la tenencia.
Pidió especificar con claridad el articulado cuando los progenitores no alcanzan acuerdos para la tenencia de niños y jóvenes. Sostuvo que el procedimiento para la recuperación de un menor de edad sea más expedito, al momento los sumarios son lentos y tienen varias trabas. Habló de la violencia patrimonial que es usada para controlar y amenazar a la mujer a través del control de los recursos económicos o patrimoniales.
Yessica Ramírez, representante del Laboratorio Jurídico Niñez y Adolescencia de la Universidad Indoamérica, destacó el articulado planteado por la Comisión Ocasional de la Niñez para garantizar y fortalecer el interés superior de niños y adolescentes, entre ellos la tenencia donde se debe respetar el criterio de un niño, la ejecución inmediata del apremio personal para proteger al menor, entre otros aspectos.
Dijo que desde la Academia podrían inmiscuirse para generar espacios de concienciación de los derechos de niños y adolescentes, a través de talleres.
Por su parte Marianella Maldonado, coordinadora general de la Defensoría Pública, dio sus puntos de vista desde su experiencia como jueza de familia. Mencionó que los niños son sujetos de derecho y no objetos. Indicó que las normas que contempla el Código de Protección Integral a Niños y Jóvenes debe tener congruencia con el marco constitucional con enfoque humanista y restaurativo, de igualdad, desarrollo integral y que el establecimiento de políticas públicas permitan garantizar el interés superior de niños y adolescentes.
Pidió clarificar el tema de la patria potestad en el caso de falta de acuerdo entre los padres sin que afecte al niño o adolescente; en caso de la salida de un niño fuera del país, indició que se debe pedir solo información necesaria y evitar trámites innecesarios que lo único que hacen es violentar sus derechos.
Sobre el régimen de protección económica subrayó que más del 50 % de niños y adolescentes están afectados por falta de pago, dada la situación que atraviesa el país por la pérdida de trabajo y disminución de sueldos. Dijo que es necesario clarificar, a través de una evaluación, por qué y bajo qué circunstancias se debería alargar el régimen de protección económica hasta los 24 años. Solicitó mejorar el articulado sobre tenencia y patria potestad.
JLVN/cz
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