La Comisión Multipartidista que investiga la denuncia contra el legislador Eliseo Azuero, presida por José Serrano Salgado, recibió este miércoles a Santiago Cuesta, exconsejero Presidencial y a Darwin Espinoza Vivanco, administrador Temporal del Servicio de Contratación de Obras (Secob), en el marco de la sustanciación de la denuncia presentada por la legisladora Amapola Naranjo, por presunto tráfico de influencias.
Santiago Cuesta subrayó que no ha tenido relación de amistad con Eliseo Azuero. Reconoció que fue parte de muchas reuniones de la “mesa chica”, que no es otra cosa sino la reunión del Presidente de la República con un grupo de ministros del Gabinete, de acuerdo con el tema que se esté tratando, a saber: temas sociales, económicos, seguridad, entre otros, reuniones a las que asistió como consejero Presidencial.
Dijo que no conoce si algún asambleísta haya influido en la señora Ministra de Gobierno para en nombramiento de funcionario alguno, tampoco respecto del Presidente de la República, a quien le corresponde nombrar y remover a los ministros de Estado y demás funcionarios del Ejecutivo.
Mientras, el Administrador Temporal del Secob, Darwin Espinosa Vivanco, respondió sobre los períodos de labores de varios exfuncionarios de esta entidad, con anterioridad al proceso de cierre. Sin embargo, respecto del origen de esas designaciones, la mayoría de libre nombramiento y remoción, obedecieron a recomendación o sugerencia de algún asambleísta, Espinoza aseguró desconocer ese particular.
Entre tanto, de las personas privadas de libertad que debían comparecer, Ángel Alejando Andrade y Edmundo René Tamayo, no rindieron su versión por inasistencia de sus respectivos abogados patrocinadores.
Así mismo, Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Leonardo Véliz, privados de libertad en el Centro de Rehabilitación Social El Rodero, de Manabí, se acogieron al derecho al silencio.
El presidente de la Comisión Multipartidista, José Serrano, lamentó que pese a haber sido convocados y notificados que debían estar acompañados por sus abogados, no hayan colaborado con el proceso de investigación que lleva adelante este organismo, por disposición del Pleno de la Asamblea Nacional.
Todos estos elementos estarán recogidos en el informe que remita la Comisión al Pleno y, sobre todo, se oficiará a las autoridades de Rehabilitación Social sobre la manifiesta falta de colaboración de las personas privadas de libertad con la gestión que realiza la Asamblea.
EG/ea
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