La necesidad de contar con una ley para proteger los datos personales y evitar que se filtre información, como sucedió hace unos meses al difundirse información de 15 millones de ecuatorianos, fue expuesta por expertos de la materia ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.
La mesa legislativa escuchó a Danilo Doneda, delegado de la Cámara de Diputados de Brasil ante el Consejo Nacional de Protección de Datos y a Jacqueline Guerrero, docente e investigadora de la Universidad Internacional.
Previamente, Giselle Cevallos, del equipo asesor de la comisión, expuso el contenido del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. Informó que alrededor de 30 expertos nacionales e internacionales han presentado sus observaciones a esta iniciativa legal. También indicó que el proyecto se rige bajo principios como juridicidad, lealtad, transparencia, confidencialidad, conservación y seguridad.
De su lado, Danilo Doneda advirtió que la mala utilización de los datos personales genera serios problemas para la sociedad y las instituciones, por lo que es importante dictar la ley, a la vez que destacó la necesidad para que los ciudadanos, las empresas y el sector público dicten un marco normativo sobre protección de datos.
Reiteró que se debe garantizar, mediante la ley, la protección de datos en todas las categorías, no solo los confidenciales, al tiempo que recordó que la primera Ley de Protección de Datos data de 1970. Aseveró que este cuerpo normativo ayudará a proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizará la privacidad de la información.
De su lado, Jacqueline Guerrero expresó la Ley de protección de Datos Personales tiene relación directa con derechos fundamentales de los ciudadanos. La protección de datos es un derecho reconocido en la Constitución y de allí debe partir la elaboración de la ley, añadió.
La investigadora compartió el criterio de Doneda, en el sentido que en Ecuador hace falta una ley en esta materia, pero que para garantizar ese derecho hace falta, además, expedir otros cuerpos normativos, como el reglamento.
Señaló que la Constitución contiene un avance importante en protección de datos de carácter personal, pues garantiza al ciudadano el derecho a decidir sobre su información. Este proyecto constituye una oportunidad para que Ecuador dé un paso adelante en un tema importante, con respecto a otros países, a la vez que reiteró su compromiso de acompañar a la comisión en la construcción de la ley.
El legislador Augusto Espinosa afirmó que no es suficiente proteger los datos personales, sino garantizar el derecho a conocer en qué se están usando nuestros datos, para que no sean mercantilizados o usufructuados por particulares.
Mientras tanto, Fernando Flores, presidente de la comisión, anunció que esperan conocer el criterio de expertos de otros países que tienen ya una Ley de Protección de Datos Personales.
El asambleísta César Carrión, por su parte, afirmó que si bien la protección de los datos personales es un derecho constitucional, hay empresas transnacionales que hacen uso engañoso de esta información, de ahí la importancia de la ley, criterio que fue respaldado por el legislador Pedro Curichumbi.
Pesca ilegal en aguas cercanas a Galápagos
En otro orden, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales escuchó las opiniones de Marcelo Larrea en torno a la pesca ilegal en las aguas adyacentes a la zona económica exclusiva de Galápagos. Allí realizó varios cuestionamientos a la Convemar, que “reconoce un mar territorial que no exceda 12 millas, lo que significa que pierde soberanía sobre 188 millas”, hecho que -a su criterio- es una de las razones de la pesca ilegal.
Señaló que en la zona de Galápagos realizan las faenas de pesca 360 buques chinos con una capacidad de carga entre 10 mil y 30 mil toneladas métricas y que esta actividad le genera al país un perjuicio económico de 40 mil millones de dólares.
El presidente de la comisión, Fernando Flores, informó que han evacuado las comparecencias y obtenido la información respecto a este tema, que servirá para presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional.
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