La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, dirigida por Lenin Plaza Castillo, escuchó a representantes de los productores arroceros y de otras variedades de algunas provincias del país, quienes se mostraron descontentos con las políticas públicas aplicadas al sector, a tal punto que podría, a criterio de los productores, derivar en un juicio político contra el ministro de Agricultura, Xavier Lazo por incumplimiento de funciones.
Pedro Fernández, en representación de los arroceros de Jujan, explicó que este segmento productivo vive una situación precaria, en torno a la política de precios, ya que las autoridades consideran que el costo mínimo sería de 21 dólares la saca, cuando el pequeño y mediano productor tiene un costo de producción que va entre 29 y 32 dólares.
Mientras, Eddy Bajaña, de Taura, subrayó que los precios han venido cayendo de 29 a 25 dólares y, ahora, a 21 dólares, valores que no responden siquiera a los costos de producción del agricultor. “Hemos perdido la confianza en el Ministro de Agricultura, quien no escucha las demandas de los productores”, dijo.
De su lado, Juan Briones, de Daule, explicó que los agricultores tienen diversas formas de producir, unos con mayores recursos técnicos, otros de manera manual, lo que incide en el costo de producción, de allí que se buscan soluciones definitivas a la situación del agro ecuatoriano.
A criterio de Pedro España, de la provincia de Los Ríos, la política de precios debe considerar las diferencias que tienen las regiones y provincias del país, las condiciones climáticas, así como el acceso a riego y demás recursos que se requieren para producir el arroz. Por ello, no se puede establecer un precio como el que maneja el Ministerio de Agricultura, de 21 dólares la saca, que no cubre los costos de producción.
El representante del Consejo Ciudadano Sectorial Campesino de Guayas, Bernardo Bravo, aseguró que luego de un año y medio de paz, debido a la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura, tendrán que volver a cerrar las vías del Ecuador para hacer escuchar su voz y que el Gobierno le dé al campo la verdadera importancia que tiene en el fortalecimiento de la producción nacional.
Entre tanto, Santiago Guerra, de la Corporación Provincial de Organizaciones Campesinas del Carchi (Coopocar), indicó que la crisis del sector agrícola no solo se limita a la falta de una política de precios que garantice la recuperación de la inversión y una ganancia razonable, sino, también, la falta de apoyo con riego, con semillas de calidad, la falta de Fondo de Tierras, que está establecido en la Ley.
Dilmo Párraga, de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (Upocam), criticó la decisión de eliminar la Unidad de Almacenamiento (UNA EP), que en lugar de ser una solución, precariza aún más la dura situación de los pequeños y medianos agricultores, ya que esta entidad permitía que se cumplan con los precios mínimos de sustentación de los productos, a favor de los agricultores.
Desde el punto de vista de Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, todas las dificultades que viven los pequeños y medianos agricultores, es responsabilidad del ministro de Agricultura, por lo que es necesario que se proponga un juicio político en su contra, porque no ha cumplido con su deber de fortalecer el agro y garantizar la subsistencia de la agricultura familiar campesina.
En igual sentido se pronunciaron René Herrera, presidente nacional de Fenarroz y Manuel Gonzaga, presidente del Pueblo Montubio del Ecuador, quienes justificaron un llamado a juicio político al Secretario de la cartera de Agricultura, porque el sector agropecuario se encuentra devastado desde hace dos años.
Finalmente, el titular de la Comisión, Lenin Plaza, tras agradecer la comparecencia de los representantes del sector agrícola, especialmente de la rama arrocera, reiteró que el organismo trabaja en función de los intereses del país, de allí que se contrastará lo expuesto por los dirigentes del sector agricultor con la información entregada por el Ministro de Agricultura, a fin de tomar las medidas más adecuadas, en apoyo a los pequeños y medianos productores.
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