En el marco del debate de los proyectos reformatorios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, previo a la elaboración del informe para segundo debate, la Comisión de Educación, presidida por Jimmy Candell analizó el texto presentado por la asambleísta Jeannine Cruz referente a los mecanismos de prevención de la violencia escolar.
Previamente al debate, que contó con los criterios de varios actores, Jimmy Candell, informó que según cifras del Ministerio de Educación, desde el 2014 a junio de 2020 se receptaron 10.616 denuncias sobre violencia sexual, de las cuales 3.592 se referian a casos del interior del sistema educativo, registrándose un total de 11.610 víctimas.
Dijo que estos datos los conduce a preguntar si son suficientes los protocolos sobre violencia detectadas en instituciones educativas; y, si las sanciones son soluciones ante los problemas de violencia. Por estos cuestionamientos es necesario establecer normas que tengan como fin la garantía de los derechos de los estudiantes a vivir a un ambiente sano y seguro dentro de las instituciones educativas, apostilló.
Recordó que la Comisión luego de más de un año de trabajo pesentó un informe en donde se determinó que el sistema educativo tiene un problema sistemático relacionado a la violencia de toda índole y que no ha sido manejada responsablemente, por lo que recomendó, entre otros, actualizar la normativa que regula los procesos sancionatorios y fortalecer las unidades distritales.
Jeannine Cruz, expuso varios casos de violencia escolar y la necesidad de crear mecanismos que velen por el bienestar de la niñez del país. Hizo un recuento del trabajo realizado en torno a las reformas a la Ley de Educación Intercultural y explicó que su propuesta reconoce a los docentes el derecho de contar con el apoyo jurídico, psicológico, estabilidad laboral en caso de denunciar violencia o acoso escolar; y actualiza los conceptos del artículo 47 referente a educación de personas con discapacidad.
Indentificó como nudos críticos, las políticas públicas ausentes de un enfoque de derechos humanos y género; ausencia de una estrategia de educación sexual, débil articulación interinstitucional con entidades de protección integral, entre otros.
Como alternativa propuso reorganizar los principios y crear un artículo sobre la aplicación de los mismos; distribuir los principios rectores de la Educación; de apliación de la Ley; del Sistema Nacional de Educación; y, de la Gestión Educativa. Además, el establecimiento de los enfoques de Derechos Humanos; Primera Infancia, Niñez y Adolescencia; Género Movilidad Humana; Intercultural; Intergeneracional; Discapacidades; Interseccionalidad.
Pronunciamientos de los actores
En materia de educación para personas con discapacidad, Karina Marín, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, aseguró que las reformas recogen una visión de derechos de la discapacidad. El artículo 47 reconoce una educación para personas con discapacidad y no para personas con necesidades educativas especiales. Planteó transformar las escuelas especiales en centros de recursos que provean apoyo profesional a las escuelas regulares.
Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo Metropolitano de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito y del Grupo Rescate Ecuador, demandó datos sobre violencia escolar, violencia digital, particularmente violencia sexual digital y del suicidio ocasionado por la violencia escolar, para con ellos trabajar en políticas públicas. Destacó la pertinencia del enfoque de derechos humanos y de género. Éste último para evidenciar las desigualdades sociales y la discriminación, en especial hacia las niñas y adolescentes, explicó.
Además, consideró que debe existir personal docente capacitado en derecho, prevención y abordaje de violencia y que los distritos deben sujetarse a la misma sanción que el resto de los funcionarios públicos en el ámbito educativo.
De su lado, Lita Martínez del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), habló sobre las implicaciones de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Paola Guzmán versus el Ecuador. Recordó que el Estado concluyó que el Ecuador no le garantizó a Paola el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la honra, dignidad, educación y a vivir libre de violencia y discriminación.
Coligió que estos hechos no son aislados, son sistemáticos, estructurales y naturalizados lo que hace que sea más difícil entender el riesgo al que están expuestos y puedan estar viviendo. Determinó que el derecho a la educación debe contemplar la educación integral a la sexualidad de acuerdo a su capacidad evolutiva para que las niñas y niños adolescentes puedan identificar los peligros y abusos, pero sobre todo, habilitados y expeditos los canales para hacer sus denuncias.
Cristian Paula, director del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos de la Unversidad Central del Ecuador, recalcó que en la ley para prevenir y erradicar la violencia de género, el artículo 24 destaca la necesidad de diseño y la incorporación de políticas públicas con enfoque de la prevención de la violencia; así como la Constitución dentro de las obligaciones del Estado frente a la educación. Insistió además en la necesidad de la educación con enfoque de derechos humanos, en ciudadanía y en derechos sexuales, al destacar las rutas de interralación e integración en la protección de derechos de niños y niñas, en donde las juntas distritales cumplen un papel importante.
Luego de las diferentes exposiciones los legisladores dieron sus puntos de vista. Los aportes expuestos se incorporarán en el análisis del articulado de la propuesta de Ley.
RSA/ea
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