El Pleno de la Asamblea, en la sesión 681, debatió las diferentes propuestas para reestructurar la Comisión de Fiscalización y Control Político, por cuanto su actual conformación habría perdido la credibilidad, razón por la cual se hace necesario recuperar el rol fiscalizador de la Legislatura, a través de una mesa que garantice probidad y trasparencia.
Por alrededor de cinco horas, 26 legisladores expresaron el criterio de las distintas bancadas, partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional.
Así, el asambleísta Alberto Arias destacó la actuación del presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, al haber solicitado un pronunciamiento del Procurador General del Estado en torno a la viabilidad o no de reestructurar una Comisión Especializada Permanente, en este caso, de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Propuso que se acoja el informe vinculante del abogado del Estado y no se dé paso a la pretendida restructuración.
De su lado, José Serrano Salgado, aseguró que la tarea de legislación puede ser incomprendida, porque puede haber dudas sobre la eficacia de una ley, pero la fiscalización requiere de una voluntad para que los juicios políticos y demás procesos de control puedan ser resueltos sin artimañas, sin que exista sombra de duda. Planteó se reestructure la Comisión de Fiscalización y sus integrantes sean propuestos por las distintas bancadas.
Para Héctor Yépez, Ecuador vive, no solo la crisis sanitaria, sino una crisis económica y, sobre todo, una profunda crisis ética y moral. “Tenemos una resolución aprobada por amplia mayoría, por la cual en la siguiente sesión se debía conocer la posible reestructuración de la Comisión de Fiscalización y eso tenía que respetarse”, añadió.
Entre tanto, Fernando Flores aseguró que definitivamente la Asamblea tiene que entender que este es un órgano político y que las decisiones que se toman son de índole política. A la vez, César Rohon rechazó que se pretenda supeditar el accionar de la Asamblea Nacional, a la voluntad del Procurador General del Estado, cuando este funcionario está sujeto a control político de la Legislatura.
Fausto Terán criticó que se quiera reestructurar una Comisión sobre la base de publicaciones sin fundamento, por posibles actos reñidos por la Ley de parte de algunos de los miembros de la mesa de Fiscalización; mientras Marcela Aguiñaga dijo que no ha sido partidaria de cambiar las comisiones, pero hoy las circunstancias no dejan otra alternativa.
De su lado, Johanna Cedeño Zambrano, puntualizó que la Asamblea es el máximo organismo de legislación en el país y, por tanto, está llamado a cumplir con la Constitución y la Ley. Defendió el trabajo de la Comisión de Fiscalización, que ha procesado seis juicios políticos, 24 casos de control político y la investigación de varias denuncias ciudadanas.
Para Eddy Peñafiel, es necesario defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional pero, lamentablemente, el desprestigio parte de los propios legisladores, quienes hacen afirmaciones sin sustento de ninguna naturaleza en contra de determinados asambleístas. Igualmente, Lourdes Cuesta, defendió la potestad de la Asamblea de restructurar la Comisión de Fiscalización.
En tanto, Jeannine Cruz, consideró que esta es una buena oportunidad para que cada asambleísta se defienda y demuestre su integridad, su ética, así como el trabajo realizado a favor de la ciudadanía. Enseguida, Héctor Yépez, afirmó que el pronunciamiento del Procurador sobre la consulta formulada respecto de un tema que atañe al Pleno de la Asamblea Nacional, no tiene razón de ser alguna, tratándose de una decisión que corresponde exclusivamente a la máxima autoridad de la Legislatura.
Ángel Gende, en cambio, defendió el trabajo de la Comisión de Fiscalización, en comparación con el período anterior, en el cual sí se convirtió en una comisión de archivo, mientras Elizabeth Cabezas Guerrero dijo que es importante rectificar los errores que se hayan cometido para recuperar la credibilidad en el pueblo ecuatoriano, que hoy considera que la Asamblea es parte del deterioro moral que aqueja al país.
El asambleísta Dennis Marín aseveró que más de un mes se ha esperado para tratar el tema de la reestructuración de una comisión que no ha tenido una conducta adecuada, que no ha procesado juicios políticos importantes para el país, permitiendo que reine la impunidad, al tiempo que Raúl Tello consideró que no únicamente se debería plantear la reestructuración de la Comisión de Fiscalización, sino que es necesario realizar cambios fundamentales en la Asamblea.
Juan Cristóbal Lloret aseguró que el pueblo está a la expectativa que la Asamblea dé una muestra de una real fiscalización, por lo que es un deber fundamental dar paso a la reestructuración de la Comisión de Control Político. Por el contrario, la asambleísta Pinuccia Colamarco indicó que todas las instituciones tienen una ley que las regula y, en el caso de la Asamblea, la Ley Orgánica de la Función Legislativa le da a la Comisión de Fiscalización el mismo carácter de las restantes 12 comisiones especializadas permanentes.
A criterio de Fernando Callejas, hay una actitud errónea al creer que la Asamblea es la primera función del Estado y, en tal virtud, se puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Esa es una afirmación falsa, porque los asambleítas son funcionarios públicos y deben someterse a lo que está establecido en la Constitución y la Ley. Luego, René Yandún consideró que, como funcionarios públicos, han estado y están en permanente escrutinio de la ciudadanía y será ella la que, en su momento, juzgará si los legisladores cumplieron o no con su deber.
De otro lado, Amapola Naranjo recordó que cada día la ciudadanía reclama fiscalización de parte de la Asamblea Nacional y la Comisión que lleva a cabo este tipo de procesos, ha perdido la confianza del pueblo. Y, Mercedes Serrano explicó que el pronunciamiento de la Procuraduría no es vinculante para la Asamblea, sino para el resto de entidades del Estado, porque la Legislatura tiene capacidad de interpretar la Ley, en caso de existir vacíos o falta de claridad en la norma.
El legislador Juan Cárdenas expresó que no es función del Procurador tutelar a la Asamblea, podríamos iniciar un juicio político en su contra, porque asumió una competencia que no le corresponde. A renglón seguido, Alberto Zambrano mencionó que todos los legisladores han hecho un trabajo adecuado en beneficio del país. Recordó que en un período anterior también se hizo una consulta a la Procuraduría y en aquel momento no hubo objeción alguna.
Luis Pachala pidió se sustente adecuadamente la resolución que se adopte, sobre todo en los considerandos, porque es necesario pensar en las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, en caso de no acatar el informe del Procurador del Estado, mientras a juicio de Noralma Zambrano, la Asamblea está en la disyuntiva de vivir en un Estado de hecho o en un Estado de derecho y no se puede hacer más allá de lo que está escrito en la ley.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, suspendió la sesión para mañana, a las 11h00, a fin de tomar la resolución respecto de este tema, sobre la base de un consenso para la nueva integración de la Comisión de Fiscalización.
EG/ea
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