El Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, realizó el webinar “Adolescentes infractores, justicia restaurativa; y, reglas de inimputabilidad e imputabilidad”. en el marco de la socialización, análisis, debate y recepción de observaciones al Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
El asambleísta Franklin Samaniego, titular del Grupo Parlamentario indicó que la temática tratada consta en el libro IV del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí se establece normativa sobre el Sistema de Responsabilidad Penal y Justicia Especializada que incluye como innovaciones la inclusión del enfoque restaurativo, el incremento a 14 años la edad mínima a efectos de responsabilidad penal, el fortalecimiento de la justicia especializada, entre otras temáticas.
Juan Fumeiro, experto internacional en Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, expresó que la privación de libertad siempre será el último recurso para este grupo, indicó que es necesario brindar atención integral a los adolescentes infractores y aplicar medidas restaurativas.
“La respuesta de los Estados debe ser multidimensional, el trabajo en prevención debe ser prioritario. La niñez y adolescencia es responsabilidad de la sociedad y nosotros debemos garantizar el goce de sus derechos”, expresó.
José Luis Veliz, representante de la asambleísta Karina Arteaga, quien forma parte de la Comisión Ocasional que trata temas de los niños y adolescentes, abordó sobre la doctrina de protección integral, la justicia restaurativa y de inimputabilidad e imputabilidad, en ese marco, señaló que estas dos últimas deben partir del interés superior y sobre la acotación de que los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de las demás personas.
Dijo, además, que los adolescentes que han infringido la ley penal poseen garantías establecidas en el artículo 77 de la Constitución, numeral 13 donde se señala que en los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida.
En el webinar también participó Martina, representante de niños, niñas y adolescentes, quien hizo un llamado al Estado, la familia y la sociedad para que entreguen una protección especializada a este grupo. Indicó que muchos jóvenes en conflicto con la ley han sufrido de violencia intrafamiliar.
Así mismo, pidió que se garantice el derecho a la educación y que el Estado otorgue mayores oportunidades a niños y adolescentes. Además, solicitó que si un niño o joven tiene algún conflicto con la ley pueda acceder a una justicia restaurativa para que sea una mejor persona, apuntó.
Fernando Sánchez, director de Medidas Socieducativas de la Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) se refirió a la justicia restaurativa e indicó que son necesarios los derechos a la rehabilitación, reeducación, reparación y reinserción social.
Recalcó que estas garantías implican el acompañamiento a los adolescentes en la toma de conciencia del daño causado con sus actos y la necesidad de responsabilizarse de las consecuencias.
Durante su intervención planteó algunos temas clave: señaló que si bien el Código de la Niñez y Adolescencia vigente estable como edad mínima de responsabilidad penal a los 12 años, es necesario recordar que el Comité de los Derechos del Niño alienta a los Estados Parte a elevar la edad mínima de responsabilidad penal a los 12 años como edad mínima absoluta y seguir elevándola.
Recalcó que las medidas privativas deben ser utilizadas como último recurso y el tiempo máximo de esta debería ser de 4 años, agregó.
Finalmente intervino Jennifer Benítez, representante del laboratorio jurídico de la Universidad Indoamérica. Ella se refirió a la justicia restaurativa, el interés superior del niño, la doctrina de la protección integral, el propósito del establecimiento de la responsabilidad y la justicia especializada para la atención de niños, niñas y adolescentes.
Estos aportes servirán para la construcción del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
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