Hoy se completó los 10 Webinar del II Ciclo Tejiendo Redes Infancia. Se lo efectuó con un profundo debate sobre “Desafío de las políticas públicas e Inversión en Ecuador”, en el marco del nuevo Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El niño Mateo Lamas Roldán expuso la necesidad de articular política pública desde el Estado, sociedad y familia, con una mirada hacia todo el ciclo de vida, tomando en cuenta incluso la juventud, pero para ello se requiere de presupuesto. No “somos una estadística, sino una inversión para el presente y futuro”, precisó.
En el diálogo y reflexión sobre política pública participaron como exponentes 10 representantes de distintas organizaciones a nivel nacional e internacional y se escuchó la voz de niños y adolescentes. Karen Santana, activista de los Derechos de Niños y Adolescentes, mencionó que la política pública no debe ser un diseño normativo, sino de aplicación real aterrizada en territorio, sobre la base de las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
“Hoy nos sentimos solos y desprotegidos, porque somos víctimas de explotación del trabajo infantil; violencia en todas sus formas; sentimos la falta de trabajo para los padres de familia, lo cual impide contar con recursos para una canasta básica de alimentos, provocando así desnutrición y deserción en las instituciones educativas”, precisó Karen Santana al señalar que la niñez y adolescencia está en emergencia y no van a permitir retrocesos de sus derechos. Somos inversión para el país, indicó.
Nathaly Santana, de 16 años, oriunda de Guayaquil, embajadora con causa de niñez y adolescencia, mencionó que es necesario establecer directrices claras para proteger sus derechos, con corresponsabilidad institucional que permita igualdad, garantizar el interés superior de niños y adolescentes y, su participación activa en todos los procesos de niñez y adolescencia. El presupuesto es esencial para lograr política pública, añadió.
Carlos Villagrasa, docente de Derecho y Familia de la Universidad de Barcelona, al felicitar la participación de niños y adolescentes, quienes plantean retos que deben cumplir los Estados, dijo que la planificación es necesaria para asegurar planes y programas en beneficio de niños y adolescentes, la participación de este grupo de atención prioritaria quienes en base a sus necesidades orientarán ese trabajo institucional; y, el monitoreo al cumplimiento de la aplicación de la política pública, que ineludiblemente debe ir acompañado de presupuestos. Además, conviene reformar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de niñez y adolescencia, tomando en cuenta los efectos de la pandemia Covid 19.
Entre tanto, el asambleísta Franklin Samaniego, coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, dio a conocer los avances que constan en el Código de Protección Integral de Niños y Adolescentes, en el Libro III donde se aborda el tema de política pública y se hace énfasis en el fortalecimiento institucional para garantizar los derechos de niños y adolescentes, sin embargo, señaló que no existe una puntualización respecto del seguimiento a la aplicación de política pública y que es necesario establecer el gobierno abierto para generar monitoreo en todos los procesos.
Mientras que Joaquín González, representante de Unicef, consideró oportuno tomar en cuenta cuál va a ser la medición de gasto de niñez, generar fiscalización con veeduría ciudadana y de la Asamblea Nacional; y, establecer clasificadores del gasto que permitan determinar resultados de política pública orientada a garantizar los derechos de niños y adolescentes.
Franklin Cevallos, delegado del Consejo Intergeneracional, señaló que en la construcción del Código de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes hay buenas intenciones de construir un cuerpo normativo que cobije a este sector de la sociedad, a fin de asegurar los recursos para la aplicación de la política pública, pero tiene debilidades porque hay discrepancia entre las funciones de las instituciones vinculadas con este tema, hay dispersión normativa y se da el rango de Ministerio al Consejo Nacional de Protección de Niños y Adolescentes, además que no se determina con claridad qué institución va a ser el órgano rector.
Por su parte, Jarol Burbano, de la Defensoría Pública, mencionó que la política pública es una herramienta para proteger derechos. Señaló que la voz de niños y adolescentes debe ser la base para el diseño de esta, a fin de que las instituciones puedan dirigir sus planes y programas. En cambio, Alejandro Calderón, coordinador de Derecho de la Universidad Indoamérica, enfatizó que la política pública debe ser eficiente, segura y transparente, porque solo así los servidores públicos sabrán hacia donde se dirige la verdadera gobernanza. Los gobiernos autónomos descentralizados son el pilar para aplicar y aterrizar las políticas públicas en beneficio de niños y adolescentes.
Luis Barzallo, de la Asociación de Municipalidades, indicó que la gobernanza local es esencial para garantizar el derecho de protección integral de niños y adolescentes que debe estar ligada con la institucionalización de política pública y la inversión del Estado que permitirá labrar el país que queremos. Se comprometió a apoyar para el desarrollo y bienestar de este grupo de atención prioritaria.
Diana Maldonado, consultora de seguridad informática de la Defensoría del Pueblo, manifestó que esta semana entregará los aportes al Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) para que sean debatidas en la Comisión de Niñez. Los mismo, indicó Karen Santana, activista adolescente; y Niky Bravo, representante del Movimiento Social por la Defensa de Niñez y Adolescencia Ecuador, quien presentará recomendaciones de fondo a cada libro del Copinna, que recoge la voz de la niñez, de organizaciones que defienden sus derechos, del sector empresarial y de más de 15 universidades tanto nacionales como internacionales.
JLVN/cz
