En la continuación de la sesión 144 de la Comisión de Régimen Económico se analizó el tema de la agricultura familiar campesina. Se precisó que normas internacionales incluyen este tema, incluso algunas vigentes en el país; por tanto, no será una excepción reconocer el trabajo del sector rural en el sistema de contratación pública para que participe en los procesos.
El asambleísta Luis Pachala aseguró que los campesinos deben ser los primeros proveedores porque han sido los más marginados. Pidió que este sea un eje transversal en toda la reforma, la territorialidad, la ruralidad, las instituciones en territorio, el catálogo inclusivo y el tema de la agricultura familiar campesina.
El presidente encargado de la Comisión, Franco Romero, indicó que la mayor parte de los campesinos productores del país se dedican a la agricultura familiar, por lo que deben ser tomados en cuenta en los productos industrializados, pues la mayoría son orgánicos.
Por su parte, el legislador Esteban Melo señaló que a nivel internacional hay una gran demanda de productos ecuatorianos, pero no tienen certificados para exportar, por ello, consultó a Iván Ubidia, representante jurídico del Sercop, qué ha hecho esta institución para trasladar información a los agricultores y que tengan mejores resultados. Cree que el texto que trabaja la mesa legislativa debe ajustarse para que se fomente la agricultura familiar campesina.
El funcionario del Sercop dijo que se debe garantizar la calidad del gasto público, darle el mayor valor al dinero que usa el Estado para la contratación. Aseguró que cada ley, desde 2008, defiende a un actor de forma aislada y no concuerda con el artículo 282 de la contratación, que es el fomento a la producción nacional, para sobre esa base trabajar el sistema de preferencias en la contratación pública. Por ejemplo, la Ley de Comunicación tiene preferencias para medios comunitarios; la Ley de Alimentación Escolar, con el fomento de la agricultura familiar campesina.
La parlamentaria Ana Belén Marín manifestó su desacuerdo con el pronunciamiento del director jurídico del Sercop. Mencionó que la ley debe abarcar todos los temas dispersos, ya que se debe poner orden a la contratación pública. No se trata de intereses, sino de reconocer a los sectores vulnerados. Aseguró que las compras públicas deben balancear la distribución del gasto, que va de la mano de la generación de políticas públicas a nivel económico.
De inmediato, los parlamentarios avanzaron con el análisis del articulado. En esta oportunidad revisaron lo atinente al Giro Específico del Negocio; carácter de los contratos; la delegación inhabilidades especiales, las causas de nulidad del contrato que fue uno de los temas de amplio debate.
La asambleísta Lira Villalba recordó que las nulidades están establecidas en el Código Civil y entre ellas está el que se haga al margen de la ley. Indicó que las responsabilidades deben ser también para la Procuraduría cuando no demanda conociendo las inhabilidades para los contratos.
JLVN/cz
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