La Comisión de Justicia, en la sesión 116, revisó las últimas observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, poniendo mayor atención en las sentencias de la Corte Constitucional sobre, especialmente, las faltas por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.
La asambleísta Ximena Peña, titular del organismo, anunció que en las próximas horas se circulará a los comisionados y a las bancadas un borrador al respecto. Dijo que la mesa tiene que preparar un texto para votación, en función de la unificación de los dos proyectos, cuyos informes para segundo debate se presentaron en 2018 y 2020, respondiendo así a la disposición del Pleno de la Asamblea.
Debido proceso
Precisamente, recogiendo la inquietud de la Corte Constitucional, se analizó el articulado que determina que el acto disciplinario por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable implicará, en todos los casos, el cumplimiento de etapas diferenciadas y secuenciales: una primera, integrada por la declaración jurisdiccional previa y motivada de la existencia de este tipo de hechos, imputables a un juez, fiscal y defensor público en el ejercicio del cargo.
Una segunda etapa, consistente en un sumario administrativo con las garantías del debido proceso, ante el Consejo de la Judicatura, por infracción disciplinaria. La declaración jurisdiccional previa de la existencia de dichas conductas, será siempre adecuadamente motivada.
En este tipo de faltas, la Judicatura valorará la conducta y podrá imponer, si es del caso, hasta la sanción de destitución.
Transitoria
Además, se puso a conocimiento una transitoria, surgida desde el sector de notarios y de parlamentarios, en el sentido que por esta única vez, los notarios que ingresaron mediante concurso desde el año 2013 y hayan concluido su primer período y se encuentren en funciones prorrogadas podrán ser reelectos para su segundo período, conforme el Art. 200 de la Constitución, siempre y cuando hayan cumplido con los estándares de rendimiento. Se considerará que el segundo período empezó desde la fecha de inicio de la prorroga en sus funciones.
Al respecto, los legisladores Henry Cucalón, Lourdes Cuesta y Esteban Torres sugirieron que como parte de la base legal y transparencia se adjunten las comunicaciones que apoyan esta tesis, asimismo especificar los parámetros de rendimiento. Héctor Muñoz expresó que en el tema de permanencia, hay que considerar el nivel de experiencia, experticia y fundamentalmente de confianza que han alcanzado esos funcionarios con la ciudadanía, por lo que invitó a profundizar el debate.
Anticontrabando
En otro ámbito, el equipo asesor presentó la sistematización del trabajo sobre el proyecto de Ley para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, que incorporó las iniciativas de Héctor Muñoz y Juan Cristobal Lloret.
En este marco, se recibieron un total de 669 observaciones, 51 comparecencia de expertos, autoridades públicas, representantes sectoriales, empresarios, la academia; se estudió la legislación comparada y las recomendaciones de organismos regionales.
El asambleísta Héctor Muñoz mantuvo firme la decisión de sacar adelante una normativa específica, amplia y especial para combatir el fenómeno del contrabando y no solo definir un grupo de reformas, respetando el sentir de los actores sociales.
Conocimiento
De igual forma, la mesa conoció varios proyectos de reforma penal que buscan sancionar la corrupción y sobreprecios en contratación pública en estados de emergencia, entre los que se cuenta uno del Ejecutivo. También, la propuesta de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado, remitida por la Contraloría.
Principalización
Previamente, la Comisión de Justicia, tomando en cuenta la decisión del CAL, principalizó al asambleísta Rodrigo Collaguazo, en reemplazo de Viviana Bonilla.
MG/cz
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