La ampliación de la Reserva Marina de Galápagos no constituye una solución al problema de la pesca incidental de especies protegidas. Esta fue la primera conclusión a la que arribaron, tanto los presentantes del sector pesquero, cuanto el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que preside Lenin Plaza Castillo.
Así, Bruno Leone Pignataro, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería y Guillermo Morán, director Ejecutivo de Tuna Conservation Group (Tunacons), coincidieron en que el problema no está en el incremento de la zona de reserva marina, sino en una adecuada aplicación de mecanismos de control de las actividades pesqueras, desde las propias embarcaciones, puesto que el aumento de la reserva perjudicará a este sector que representa el 12 % de las exportaciones no petroleras, con una incidencia de un mil 600 millones de dólares al año.
De su lado, Luis Benicasa, director de la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec), Gabriela Cruz Salazar, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec), Grace Unda Romero, vicepresidenta de la Cooperativa de Producción Pesquera Copes Promar de San Cristóbal y Dionisio Zapata, presidente de la Cooperativa Pesquera (Copropag) de Santa Cruz, enfatizaron en la necesidad de realizar un estudio científico y técnico que justifique una eventual ampliación de la reserva, a fin de encontrar los consensos necesarios, sobre la base de información avalada por instituciones autorizadas.
Entre tanto, Ricardo Castillo, presidente de la Cooperativa Pesquera de San Cristóbal, provincia de Galápagos y Pedro Ascencio Anchundia, representante de la Asociación de Armadores Pesqueros del muelle de Pelicanbay, subrayaron que en Galápagos no se pesca tiburón, por ello, actualmente existe una sobrepoblación de esta especie, por lo cual a futuro los pescadores tendrán que competir con los tiburones. “Queremos una pesca de altura, buscamos una solución para los obstáculos que ponen a los pescadores”, añadieron.
Según los gremios de pescadores, las propuestas de ampliación de la reserva marina en la provincia de Galápagos responden a criterios eminentemente conservacionistas, provenientes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), que no consideran el impacto socioeconómico de una decisión como esta, no solo para la provincia insular, sino para cerca de 200 mil familias que se benefician directamente de la pesca.
Desde la instancia de Gobierno, Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca del Ministerio de la Producción, aseguró que no existen estudios técnicos que justifiquen la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, sobre todo cuando en ese sector las rutas de migración de especies son sumamente amplias respecto del área que se pretende proteger. “No es la solución establecer prohibiciones, el problema no es que se pesque, sino que ciertas especies protegidas sean capturadas”, agregó.
A criterio del funcionario, Ecuador ha cumplido con su rol de protección, puesto que ha comprometido el 13 % de la zona económica exclusiva para la reserva marina, lo que se tiene que hacer es aplicar programas de control con instrumentos tecnológicos, como el que está desarrollando el Ministerio, para alejar a las especies vulnerables de esa zona y evitar la pesca incidental, enfatizó.
Finalmente, la Comisión, con el voto unánime de los nueve asambleístas presentes, resolvió insistir en que se mantenga la Reserva Marina de Galápagos en las 40 millas y, a la vez, solicitar a las autoridades y organismos debidamente autorizados, remitan la información técnica y científica que justifique una eventual ampliación de este segmento a 80 millas.
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