En la Comisión Ocasional que tramita los proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, Mariana Yépez, exfiscal del Estado, Ángel Orna, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y, Felipe Rodríguez, jurista penal y procesal, coincidieron que la Fiscalía General del Estado debe recuperar su independencia y autonomía administrativa y financiera, por tanto, no depender del Consejo de la Judicatura.
Felipe Rodríguez señaló que la Fiscalía debe tener independencia, por ejemplo, para elegir y evaluar fiscales. Sin embargo, dijo que se debe establecer cuáles serán las reglas del juego dentro de su independencia, es decir, requisitos para elegir fiscales, cuál es el órgano que va a administrar justicia interna; así como, definir qué se va hacer con los fiscales que demoran en resolver un caso. Por tanto, tiene que haber una unidad administrativa previamente definida. Otro aspecto esencial a establecer es que los recursos de la Fiscalía deben distribuirse igualitariamente.
Dijo que le da temor que se otorgue independencia abierta a la Fiscalía, por tanto, lo esencial sería determinar cómo se va a controlar a nivel interno, quién realizará ese control sancionatorio, evaluatorio o electivo, así como determinar hasta qué punto esa unidad dentro de la Fiscalía es autónoma. En este marco, enfatizó que la independencia de la Fiscalía debe ser reglada, caso contrario tendrá super poderes.
El legislador Fabricio Villamar señaló que la exposición de Felipe Rodríguez lleva a pensar muy bien el contenido del articulado que se va a entregar para segundo debate, porque no se trata solo de determinar la independencia y autonomía de la Fiscalía, sino dejar determinadas reglas claras a nivel interno.
Entre tanto, Mariana Yépez considera que la Fiscalía debe tener independencia del Consejo de la Judicatura, porque caso contrario estaría subordinada. Las funciones que desempeña son de tanta trascendencia para la vida democrática del país, porque la persecución del delito es de suma importancia, por tanto, debe tener el número suficiente de fiscales y establecer un diseño administrativo.
Mencionó que se ha entendido mal lo que es la autonomía y la independencia. La autonomía es un manejo interno y requiere de una norma dictada por el órgano superior que en este caso es el Consejo Nacional de la Judicatura, institución que ha abierto un poco el camino para que la Fiscalía dentro de esas limitaciones pueda desenvolverse, pero solo la Fiscalía sabe realmente sus necesidades y hacia dónde centrar su gestión y eso solo se logra con una verdadera independencia.
Es necesario, no solo por razones históricas, sino institucionales, jurídicas y de toda la justicia penal, es conveniente que los fiscales sean independientes en el ejercicio de sus funciones, en el diseño administrativo que tengan en cuanto al manejo presupuestario, el control disciplinario, porque no es prudente que cuando un fiscal comete una falta tenga que sancionar el Consejo de la Judicatura. A su criterio, la Fiscalía no debe pertenecer a ninguna Función del Estado.
El parlamentario Héctor Muñóz señaló estar de acuerdo en que la Fiscalía tenga independencia y salga del control del Consejo de la Judicatura, sin embargo, habría que definir cómo se va a controlar las fallas de carácter administrativo.
El legislador Carlos Cambala dijo estar de acuerdo con la tesis de independencia de la Fiscalía, pues su dependencia administrativa y financiera no le ha permitido actuar con celeridad en la administración de justicia, pero no puede ser una institución aislada sino que debe pertenecer a una de las Funciones del Estado y estar bajo el control político de la Asamblea Nacional.
Por su parte, Ángel Horna, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señaló estar de acuerdo que se determine una verdadera independencia de la Fiscalía. Dijo que se debe hacer unos cambios en el articulado de la Constitución para garantizar su autonomía o independencia, por ejemplo, se debe eliminar el representante de la Fiscalía en el Consejo de la Judicatura; en el numeral 3 del artículo 181, establecer que el Consejo de la Judicatura dirija los procesos de selección de jueces y operadores de justicia, con excepción de los fiscales.
En el artículo 194, se incorpore que debe contar con su propia ley orgánica misma que establecerá los mecanismos de ingreso, selección, promoción y ascenso, así como los órganos para el control, evaluación y sanción cuando se hace referencia a la Fiscalía, porque el artículo 178 de la Constitución señala que es el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, pero más abajo señala que la Defensoría Pública y la Fiscalía son órganos del Estado, autónomos de la Función Judicial.
Esta dicotomía es lo que la Asamblea Nacional tiene resolver para que exista claridad de cómo entender que la Fiscalía es autónomo de la Función Judicial, como dice en el artículo 194 que determina que tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Lo que se busca es garantizar y reconocer la carrera fiscal, así como la evaluación periódica de sus servidores, pero desde la Fiscalía.
La presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas, agradeció a los comparecientes sus observaciones mismas que serán analizadas en la mesa ocasional. Adelantó que se reprogramará la comparecencia de Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno y diputado nacional. Igualmente, Alfredo Contreras, exministro y presidente de la Corte Superior de Guayaquil, porque sus opiniones son esenciales.
JLVN/cz
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