La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió, en comisión general, a Andrés Ormaza, experto en extinción de dominio, con el fin de solventar algunas dudas sobre la Ley que discute la mesa en el marco del informe para segundo debate.
El jurista señaló que, en legislación comparada, la extinción de dominio no se trata de una sanción propiamente dicha y no exige una prejudicialidad, hablar de bienes de origen ilícito, dijo, no significa que hayan sido bienes de una judicialización previa. Expuso que la extinción de dominio sería una respuesta de los Estados a una nueva criminalidad, una nueva perspectiva de acción eficaz contra la corrupción y el crimen organizado.
Sobre la Retrospectividad, indicó que este es uno de los pilares de extinción de dominio. Señaló que se sustenta en la condición del origen de los bienes, recalcó que el bien contaminado, en su origen, impide que se consolide un derecho.
En lo referente al deber de denunciar y retribución (pago o recompensa) indicó que esta figura sí existe en otras legislaciones. Remarcó que la acción de colaboración ciudadana debe ser eficaz, sostuvo que valdría la pena considerarla en el proyecto analizado.
De su parte, el experto en extinción de dominio, Wilson Martínez, sostuvo que en el tiempo actual el mundo se enfrenta a estructuras criminales que operan de forma organizada para cooptar los Estados, y puso como ejemplo el caso de Odebrecht. En tal sentido, indicó que un Código Penal ya no tiene capacidad para terminar con ese tipo de estructuras.
Si bien hay que fortalecer la persecución de personas, hay que acompañarla de una persecución de bienes ilícitos, con el fin de quitar a las organizaciones el flujo financiero. Remarcó que, si se pretende acabar con estas estructuras empresariales, hay que quebrar las estructuras financieras.
En la extinción de dominio no se quitan derechos, pues una persona que pierde un bien no es porque un juez lo determine, sino porque ese bien nunca fue obtenido de manera legal, el delito no genera derecho, apuntó Martínez.
El experto manifestó que el gran desafío ahora es saber cómo aprovechar los bienes para que la extinción cumpla sus cometidos. No es suficiente con que estos pasen al Estado, pues este debe hacer un buen uso y transformarlo en recursos líquidos para su aprovechamiento y el de la sociedad.
Es conveniente tener un aparato bien estructurado con jurisdicción especializada en extinción de dominio, comentó. Así mismo, dijo que es necesario perseguir pocos bienes, pero que “pegue” a las grandes estructuras criminales y se haga la monetización de estos forma ágil para financiar proyectos sociales e inversión.
En referencia a la recompensa económica expuso que si bien es importante, se tornaría secundaria sino hay un programa de protección a informantes y testigos. Señaló que el pago de informantes, negociaciones y preacuerdos deben estar blindados contra la corrupción, en tal sentido, indicó que se deben establecer procedimientos y supervisión.
Acabadas las exposiciones de los juristas, la asambleísta Mae Montaño pidió solventar algunas inquietudes sobre tiempo de duración de la fase de investigación, el tipo de medidas cautelares y los mecanismos de custodia de la información. Así también se sumaron otras interrogantes varios asesores de la Comisión.
El experto Andrés Ormaza señaló que el clamor es que se den sentencias, pero en un marco procesal con pruebas idóneas que aseguren mecanismos para proteger cualquier posibilidad de destrucción u ocultamiento de pruebas que permitan hacer efectiva la extinción de dominio.
El jurista Wilson Martínez indicó que un año en la fase de investigación, como se propone en la norma, puede ser muy poco tiempo, porque se necesita articulación y trabajo conjunto entre instituciones. Es necesario crear una cultura de cooperación, incluso, dijo que se necesita asistencia de inteligencia financiera que permitirá identificar los bienes.
Mencionó que en la norma se deberá introducir un texto que obligue a la Fiscalía para que enfoque sus investigaciones en bienes de alto valor, eso le permitirá optimizar sus recursos, manifestó.
Tras estas intervenciones se clausuró la sesión de la mesa legislativa.
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