La Comisión de Biodiversidad iniciará las gestiones para proceder al juicio político contra el Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, por incumplimiento en la entrega de información sobre las acciones emprendidas en la Amazonía por la pandemia, más aún cuando se asignó 7 millones 250 mil dólares provenientes del Fondo Común, para este fin. Los parlamentarios tomaron esta postura en razón de que es la segunda ocasión que el titular de Salud no acude al llamado de control político.
El asambleísta Henry Moreno, quien propuso la comparecencia del Ministro de Salud y mocionó el pedido de juicio político, indicó que es deber primordial de un funcionario de Estado, asistir y comparecer a la Asamblea Nacional para atender los requerimientos, en este caso, de la Comisión de Biodiversidad, sobre un tema de vital importancia para toda la sociedad y específicamente para la Amazonía.
En este marco, con 7 votos, los parlamentarios rechazaron la actitud del ministro de Salud al no asistir de manera reiterada a las comparecencias establecidas por la Comisión de Biodiversidad, razón por la cual el organismo legislativo iniciará el proceso de juicio político.
En esta reunión de trabajo, el funcionario debía responder sobre las acciones emprendidas para cumplir con lo que determina la Ley de Apoyo Humanitario, respecto de la estabilidad de los trabajadores de salud; establecer el estado de los concursos públicos para nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria de la Red Integral Pública de Salud; así como los sobreprecios detectados en la compra de fundas para cadáveres en el Hospital Puyo de la provincia de Pastaza.
Así mismo, las razones técnicas de la desvinculación de los servidores de la salud en la provincia de Pastaza y el resto del país y el correspondiente plan para mantener una adecuada atención de salud acorde a las condiciones que demanda la pandemia por el Covid-19 y otras enfermedades; la falta de pago de las remuneraciones y derechos laborales de profesionales y trabajadores del sector de la salud; el estado del proceso precontractual y contractual y la entrega-recepción del Hospital General Puyo.
Comparecencia Ministro Ambiente
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad, con 9 votos, resolvió convocar para la próxima semana al ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, a fin de fiscalizar el proceso de estudios de factibilidad, socialización, licencia ambiental del relleno sanitario que pretende desarrollar el Municipio de La Concordia en el sector Santa Martha 2 y Agromache.
En la sesión se dio a conocer el oficio dirigido al presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, por parte de los habitantes de los dos sectores en mención, quienes manifiestan que existen irregularidades y errores que inician desde la selección del lugar. Se señala que en la comunidad nacen y circunvalan esteros (riachuelos) importantes que permiten que 96 familias se abastezcan directamente del agua y el mayor temor es que esta sea contaminada.
Además, cuestionan la decisión de realizar un relleno sanitario en el sector, porque existen fincas de palma africana, ganadería, cacao, pimienta, maracuyá, plátano, cítricos, una granja avícola e incluso una extractora de aceite certificada como orgánica. Según los ciudadanos, muchos productores tienen excelentes proyectos de reforestación, zonas de conservación y manejan cultivos 100 % orgánicos certificados.
Pedido de información
A fin de ejercer el control político sobre los montos adeudados correspondientes al periodo enero - agosto de 2020, por concepto de las asignaciones del Fondo de Desarrollo Sostenible de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, a los municipios de la región oriental, la Comisión de Biodiversidad enviará un oficio al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, a fin de que envíe información sobre este particular.
Cabe indicar que en carta dirigida a los miembros de la Comisión, Andrés Bonilla, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), precisa que no es constitucional ni legal que se quiera rebajar los valores que corresponden a los barriles comercializados y utilizados para consumo interno ya que la ley determina que son beneficiarios del 4 % del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la Amazonía y que se comercialice en los mercados interno y externo; es decir, la ley prevé que se asigne los valores por el precio de venta, más no únicamente de lo que se venda al exterior.
Bonilla recuerda que dichos valores, una vez comercializados, deben ser transferidos de forma directa por el Banco Central a quienes son beneficiarios.
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