El informe de la Comisión Multipartidista que investigó los hechos ocurridos durante el Paro Nacional de octubre 2019 fue conocido y aprobado por el Pleno, por consiguiente, nosotros cumplimos con la tarea encomendada por la Asamblea, subrayó el asambleísta Fernando Burbano, titular de dicha instancia, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno.
Burbano explicó que el organismo desarrolló 12 sesiones, receptó 74 comparecencias de representantes de organismos del sector público, medios de comunicación, gremios, familiares y de víctimas de los actos violentos que se registraron en las jornadas de protesta. Dijo que la mesa actuó con profundo sentido democrático; se escuchó a todas las personas que estuvieron involucradas, con un procedimiento que evite revictimizar a los afectados, al igual que a quienes solicitaron ser recibidos de manera voluntaria.
En este sentido, el legislador Fernando Burbano destacó que las conclusiones se sustentan en los criterios y aportes de los comparecientes, en sus testimonios, así como en la valoración de los informes que fueron enviados, tanto por instituciones públicas, cuanto privadas. Así, la mesa determinó que el detonante de las manifestaciones fue el decreto 883, lo cual no justificaba de ninguna manera la violencia que se produjo; hubo un excesivo uso de la fuerza y afectación a los derechos humanos; daño a bienes públicos; suspensión de servicios, como lo ocurrido con el edificio de la Contraloría General del Estado; retención de agentes policiales; ataques a medios de comunicación; y, declaraciones xenófobas.
Igualmente, la Comisión formuló varias recomendaciones al Gobierno, a distintas instancias públicas, entre ellas: expresar un rechazo a toda forma de violencia; que se envíe la información a distintas entidades estatales para que tomen acciones, en el marco de sus competencias; que se convoque a un gran diálogo nacional con todos los sectores de la sociedad; y, que la Asamblea Nacional haga un seguimiento de las acciones que ejecutan las diversas entidades públicas y privadas, respecto de lo ocurrido en octubre.
Excusa
De otro lado, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, quien debía exponer la situación que enfrentó durante las referidas jornadas de protesta, al ser acusada, junto a dos de sus compañeros de un supuesto delito de rebelión, remitió su excusa por escrito, aduciendo motivos de incompatibilidad de agenda.
Prueba de oficio
Finalmente, la Comisión, con ocho votos, acogió como prueba de oficio la solicitud de la asambleísta Noralma Zambrano, en el sentido que se pida a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, remita al organismo fiscalizador las funciones que le han sido asignadas, de conformidad con la Constitución, la Ley y demás instrumentos normativos vigentes.
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