El asambleísta Fernando Callejas dijo que el techo del 0.2 % del presupuesto anual de cada una de las funciones y entidades del Estado, es un monto adecuado y suficiente para destinarlo a información y publicidad de los objetivos institucionales, ejecución de obras y proyectos, generación de bienes y servicios públicos, catástrofes naturales y eventos de conmoción interna.
En la Comisión de Derechos Colectivos, precisó que hay que evitar el dispendio de recursos y que los mismos no deben estar dirigidos a fines políticos, electorales y a la promoción de la imagen personal, voz y nombre de los servidores públicos, por una justificación ética, moral y social. Puso como ejemplo el Municipio de Guayaquil que con un presupuesto de 763 millones asignaría 1.5 millones de dólares para publicidad.
Si bien es cierto, existe la necesidad de informar sus actividades, programas y proyectos en beneficio de la comunidad, no se puede abusar de esta normativa para desperdiciar los recursos de los ecuatorianos.
Los legisladores Ximena Chactong y Jaime Olivo señalaron su acuerdo con el asambleísta Callejas, en el sentido de evitar el despilfarro de dinero, más aún cuando varias instituciones cuentan con sus propias herramientas de publicidad y, sin embargo, realizan subcontrataciones de servicios de comunicación.
Caso Furukawa
De manera virtual, Freddy Carrión Intriago, defensor del Pueblo, dio a conocer el informe final sobre el caso Furukawa. Hizo un relato de todas las actividades emprendidas por esta institución, desde el 2018, cuando 40 trabajadores agrícolas afroecuatorianos y sus familias fueron despedidos por esta empresa, lo cual generó un proceso de verificación y seguimiento sobre las graves vulneraciones de derechos humanos.
Carrión señaló que el Estado ecuatoriano, en su integralidad, no ha reconocido la responsabilidad por violación de derechos humanos ocasionada por la omisión de control adecuado y diligente de las actividades de la empresa Furukawa, violaciones que deben ser reparadas indistintamente del pago de indemnizaciones y bonificaciones laborales.
Indicó que la coordinación encomendada a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, actual Ministerio de Gobierno, no ha dado resultados encaminados a la reparación integral ya que se redujo el caso a temas laborales sin tomar en cuenta violaciones de otros derechos humanos. Las máximas autoridades de las entidades involucradas no dieron respuesta a las solicitudes de información, entendiéndose la negativa a colaborar como incumplimiento a las decisiones de la autoridad legítima competente que debería generar responsabilidad política, penal y administrativa.
Recomendó a la Asamblea Nacional inicie procesos de fiscalización a todas las autoridades involucradas en este caso y, se promuevan las sanciones correspondientes. Es necesario transparentar la información respecto de las acciones institucionales que se han coordinado para este caso, mencionó.
Fredy Carrión precisó que la Defensoría del Pueblo iniciará las acciones internacionales ante el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas para lograr la declaratoria de responsabilidad del Estado en el caso Furukawa.
El Presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jaime Olivo, indicó que acogerá las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en lo que compete a la Función Legislativa, en el marco del control político, para defender los derechos humanos y laborales del pueblo afroecuatoriano.
Acceso a la Información Pública
En otro orden, la Comisión avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa a efectos de que se inicie el tratamiento del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, de iniciativa del asambleísta César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional.
Sobre este tema, Jaime Olivo indicó que la propuesta legal será socializada a todos los sectores involucrados en la materia y de inmediato se establecerá un cronograma de comparecencias para que den sus observaciones al proyecto presentado.
Sistema de agua Macuma
La Comisión rechazó la no comparecencia de Bartolomé Wachapá, alcalde del cantón Taisha, quien debía informar sobre la contratación de consultorías en cuanto al tema del recurso agua en la parroquia Macuma; así como también, las obras realizadas en dicho cantón. Resolvieron citarle nuevamente.
Deporte
Cristian Yumbla, coordinador zonal 6 de la Secretaría del Deporte, en la Comisión de Derechos Colectivos, se comprometió a entregar toda la información sobre las actividades realizadas en la provincia de Morona Santiago, en la dotación de insumos deportivos a distintas comunidades para promover y patrocinar las culturas, actividades deportivas y recreativas, y en particular de Taisha. Adelantó que la Liga cantonal de Taisha recibe 10 mil dólares para el fomento deportivo y recreativo.
JLVN/cz
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