Con el propósito de incorporar aportes al proyecto de Ley Orgánica de Tribunal de Cuentas, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta José Serrano Slagado, durante la sesión 119, recibió a la presidenta del Tribunal de Cuentas de Uruguay, Susana Díaz; al experto en materia constitucional y administrativa, Patricio Jijón Larco; y, a Carlos Larrea, especialista en el ámbito contencioso administrativo.
Antes de recibir a los expertos, José Serrano señaló que la prevención es fundamental en nuestro país y gira en torno a cómo la entidad de control del uso de los recursos públicos ejerce sus funciones. El proyecto en análisis nace sobre la base de experiencias internacionales de países como España, Uruguay, Brasil, entre otros. Además, mencionó que uno de los objetivos de la norma es dejar la estructura unipersonal de la Contraloría, por una colegiada, para el desarrollo de sus atribuciones.
Susana Díaz, presidenta del Tribunal de Cuentas de Uruguay, compartió con los legisladores de la mesa la experiencia de la insitución que preside, subrayando que esta tiene el rango constitucional, así como una importancia fundamental en el sistema político institucional de su país. Los miembros del tribunal y su presidente son electos desde la Legislatura, por mayorías especiales, añadió.
La Contraloría debe ser colegiada, manifestó Díaz, y lo fundamentó en que toda ley tiene varias opciones de aplicación, nunca pueden ser perfectas y, en ocasiones, el Tribunal de Cuentas tiene la necesidad de interpretarlas para resolver determinados temas y cumplir con su función, lo cual es más fácil si existen miradas distintas e integrales. Una fortaleza de esta instancia es la representatividad de sus miembros, advirtió.
Respecto de la propuesta de Ley de Tribunal de Cuentas en el Ecuador, indicó que la norma se ajusta a las características que debe tener la institución de esta naturaleza, para iniciar el ejerccicio de sus funciones.
En un segundo momento, la Comisión recibió a Patricio Jijón Larco, con experiencia en materia constitucional y administrativa, quien argumentó que se debe modernizar el control y manejo de fondos públicos. Recordó cómo estaría conformado el nuevo organismo, con siete miembros denominados ministros auditores, dos designados por la Asamblea Nacional, uno por el Presidente de la República, dos por la ciudadanía, escogidos mediante concurso público de méritos y oposición; y, dos funcionarios de carrera. Se conformará por un Pleno y dos salas especializadas: la de Auditoría y la de Determinación de Responsabilidades.
Además, insistió, que para la designación de los ministros auditores se debe tomar en cuenta lo que dispone la Constitución de la República y que está recogido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Actualmente, quien designa al Contralor, como máxima autoridad, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por esta razón, justificó que no existe transgresión de orden constitucional, pues el proyecto de Ley planteado no cambia la naturaleza de las funciones, sino que busca modernizar la unidireccionalidad que actualmente posee la Contraloría, para abrir un espacio de mayor equilibrio y objetividad, en el manejo técnico legal de los fondos públicos, con la creación de un sistema más estructurado.
Adicionalmente, aseguró que el criterio que se debe establecer está en la armonización de las normas técnicas legales y no en normas técnicas de carácter constitucional.
De su lado, Carlos Larrea respaldó lo expuesto por Patricio Jijón, respecto de la constitucionalidad del proyecto planteado y aclaró que lo más importante es que la gobernanza de la Contraloría del Estado estará a cargo de un Tribunal de Cuentas.
Se refirió a que el fondo del proyecto de ley no genera observaciones, aunque sí produce inquietudes el nombre de la misma. En ese sentido, propuso cambiarla por Ley Orgánica de la Contraloría y Creación del Tribunal de Cuentas del Estado Ecuatoriano, para salvar cualquier controversia de orden constitucional.
Observaciones e inquietudes
En el marco de la designación de los ministros auditores se centró el debate de los asambleístas. Héctor Muñoz señaló estar preocupado por los temas de carácter constitucional, pues en la Carta Magna no se establecen como funciones o atribuciones de la Asamblea Nacional o el Pesidente de la República, nombrar a funcionarios de esa índole.
El asambleísta Henry Cucalón manifestó estar acuerdo en que haya un Tribunal de Cuentas, ya que tiene sus bases en el derecho comparado, con la legislación de otros países, pero el análisis debe ir más allá de las leyes y depende de la conducta de las personas.
José Serrano, sobre las presunciones de indicios responsabilidad penal, consultó cómo se valorarían las decisiones de esta índole, tras la transformación de una instancia unipersonal a una colegiada.
Los expertos respondieron las inquietudes de los legisladores sobre la base de lo argumentado en sus exposiciones. Una vez subasanadas tales dudas, el presidente declaró clausurada la sesión.
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