El Grupo Parlamentario de Desarrollo Fronterizo, en la sesión efectuada este viernes 23 de octubre, recibió a los titulares de Planifica Ecuador, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), sobre la constitución de los Comités Nacional y Territorial de Desarrollo Fronterizo.
Para el efecto, recibió a Sandra Argotty secretaria Técnica de Planifica Ecuador, quien informó sobre las acciones emprendidas para constituir los Comités Nacional y Territorial de Desarrollo Fronterizo. La funcionaria indicó que han trabajado en un plan, metodología y cronograma para la definición de los Comités con apoyo del CNE.
De su lado, Lucy Pomboza, directora Nacional de Registro Electoral del CNE, expuso sobre el procedimiento para la designación de delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) al Comité Intersectorial Nacional Fronterizo. Indicó que del 19 al 23 de noviembre conformarán los colegios electorales para la elección de los comités territorial y nacional.
Añadió que conjuntamente con Planifica Ecuador han trabajado en el procedimiento, reglamento y metodología para el proceso electoral, al señalar que la votación se efectuará de manera virtual el próximo 20 de noviembre. A juicio de la funcionaria del organismo electoral, el proceso culminaría el 26 de noviembre de 2020.
De parte del Cpccs, el consejero Francisco Bravo Macías informó sobre los concursos de oposición y méritos para la designación de los representantes de la ciudadanía al Comité Intersectorial Nacional Fronterizo. Señaló que el Pleno del organismo aprobó la creación de una comisión que deberá preparar el reglamento, hasta el próximo 30 de noviembre, para llevar a cabo el concurso.
Los comisionados se mostraron favorables a que el proceso se ejecute en los plazos establecidos por Planifica Ecuador y el CNE. Indicaron que se debe respetar los tiempos para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Desarrollo Fronterizo.
Cierre y liquidación de empresas públicas
El organismo parlamentario recibió al asambleísta Pabel Muñoz, como miembro de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, quien habló sobre el trabajo seguido por esa mesa en lo referente al proceso de liquidación de empresas públicas.
El legislador detalló que la mesa creó una subcomisión que analizó el tema para determinar el número total de empresas públicas en proceso de extinción y liquidación, así como el destino final de estas luego de su liquidación y de los servidores públicos que prestaron servicios, entre otros. Estos objetivos son parte del informe que ha sido entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional, indicó.
Agregó que respetaron los términos legales que facultan a la Función Legislativa para el tratamiento de estos procesos. Sobre el acceso a información manifestó que “10 de 22 entidades vinculadas directamente al cierre de empresas y entidades públicas brindaron información en nuestro proceso de investigación”.
Entre las conclusiones a las que llegó la investigación, establece que el cierre y optimización de entidades públicas que buscan la reducción del déficit fiscal cerrando u optimizando entidades públicas, ante la ausencia de informes que cumplan con la Ley de Empresas Públicas imposibilitaría determinar si el cierre de estas instituciones es la mejor decisión en relación al costo – beneficio para el país.
También, dijo que la subcomisión no pudo constatar en qué medida la decisión está basada por las condiciones del financiamiento externo, particularmente del convenio entre el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el préstamo vigente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre el programa de apoyo de la reforma de empresas públicas.
La presidenta de la mesa, Silvia Salgado, indicó que socializarán el contenido del informe expuesto, a fin de que el Grupo Parlamentario se pronuncie sobre el mismo previo su tratamiento en el Pleno. El legislador Diego García, por su parte, se refirió al cierre de la Empresa Pública Yachay y el perjuicio para la provincia de Imbabura y el país. Este criterio fue compartido por Francesco Antón Castro, profesor asociado de Yachay Tech que también se refirió al Tecnopolis de Francia como ente de desarrollo académico y económico del país europeo, similar al modelo de Yachay.
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