La Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta Franco Romero, en la sesión 144, recibió aportes de la Cámara de Industriales y Productores de Medicamentos Ecuatorianos (Cipme) y del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, en torno del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Luego de las múltiples comparecencias, la mesa se dedicará a preparar el informe de segundo debate.
Articulado
Franco Romero indicó que el equipo técnico, en estos momentos, trabaja con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), en completar el articulado producto de la recolección de observaciones de los comisionados y de los diferentes actores sociales, lo que se pondrá en conocimiento del organismo.
Ministro de Finanzas y SRI
También, anunció que este miércoles acudirá a la Comisión el Ministro de Finanzas, al igual que los personeros del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a fin de verificar la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año fiscal 2020.
Potenciar la industria nacional
Gonzalo Apolo, Daniel Apolo e Iván Prieto, dirigentes de la Cámara de Industriales y Productores de Medicamentos, expresaron que la industria nacional de medicamentos debe ser tomada en cuenta en todas las instancias públicas, considerando que el sector mueve más de 400 millones de dólares, genera importantes plazas de empleo y evita la salida de divisas.
Plantearon la revisión del artículo 77 de la codificación de las resoluciones del Sercop, ya que impide que el mercado farmacéutico acceda a preferencias por producción nacional en procesos de contratación pública. Aclararon que este segmento aplica dos modelos: producción y comercialización en el mismo grupo corporativo; y, la tercerización de mano de obra y tecnología, por lo que les catalogan, lamentablemente y sin conocimiento de la realidad, como intermediarios, sin tomar en cuenta que este tipo de esquemas se utilizan a nivel mundial.
Si el Sercop quiere parar la corrupción debería impedir la compra en parrilla para acabar, precisamente, con los verdaderos intermediarios, sostuvieron, al manifestar que es fundamental convertir a la industria nacional en referente en el contexto internacional. Alertaron que la política pública está orientada a favorecer las importaciones, porque hay determinados conflictos de intereses, lo que se evidenció en la pandemia.
Debida diligencia
Diego Torres, del Instituto de Derecho Administrativo y Social, planteó que se efectivice la debida diligencia en el tema de contratación pública, que contempla política pública, procedimientos administrativos, buenas prácticas que determinen el origen de los fondos, la constitución de las empresas, el origen de los recursos para ser contratistas del Estado.
Insistió que es urgente que las empresas públicas cuenten con sistemas, programas de acceso a esta debida diligencia, además que los servidores estatales sean intensamente capacitados en el manejo de figuras que utiliza el lavado de activos para esconder la ilicitud de fondos.
MG/cz
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