La Comisión de Educación, en la sesión 060, revisó la propuesta de eliminar los Circuitos Educativos y el régimen de transición para que sus competencias las asuman las Direcciones Distritales, elaborada por la asambleísta Carmen García. La mesa resolvió que el articulado se incorpore al borrador del informe de segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
García, representante de la provincia de Cotopaxi, resaltó que el texto es el resultado de dos talleres de trabajo, que contó con la participación de los ministerios de Educación, Finanzas, Secretaría Técnica Planifica Ecuador y los actores de la comunidad educativa nacional.
Expuso que durante el período de supresión, se garantizará la continuidad de los procesos precontractuales, contractuales y administrativos, judiciales y extrajudiciales, así como de los distintos servicios, programas, proyectos y procesos ya iniciados, hasta su formal transferencia.
Igual situación se registrará con las partidas y asignaciones presupuestarias, así mismo lo que corresponde a todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos. Lo más importante es que no se paralicen los diferentes procesos, concretar la estabilidad laboral a favor de los trabajadores de los circuitos y acercar la gestión a la ciudadanía, enfatizó.
Habló de la necesidad de que las Direcciones Distritales integren Consejos Académicos Educativos, que tendrán la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de políticas y estándares educativos; impulsar la calidad educativa en los establecimientos, conjuntamente con asesores y auditores; diseñar planes y programas de desarrollo educativo; elaborar estrategias de mejora cantinua del área pedagógica, incluyendo el desarrollo profesional de directivos y docentes, entre otros aspectos.
Desarrollo infantil
Previamente, el organismo recibió a Berenice Cordero, ex exministra de Inclusión Económica y Social y representante del Grupo de Trabajo Dignidad y Derechos, quien se refirió al enfoque en temas de prevención de violencia, prácticas nocivas, embarazo adolescente, derechos de las víctimas mujeres adolescentes y niñas, especialmente de delitos sexuales y la infancia temprana.
Llamó a implementar política pública y un marco normativo específico para erradicar todo tipo de violencia, más aún el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en centros escolares, que garantice reparación, acompañamiento y acceso a una justicia especializada a las víctimas. Es clave, entonces, definir en las mallas curriculares la educación sexual y cultura de la prevención, agregó.
También, dijo que es urgente articular esfuerzos de todas las instituciones para, con un enfoque multidimensional, efectivizar el desarrollo infantil integral, que permita enfrentar la desnutrición crónica, dotando a los menores de buena salud, nutrición y acceso a servicios básicos, particularmente agua potable, desde la accción de los gobiernos autónomos descentralizados.
En tal sentido, la legisladora Silvia Salgado comentó que la educación tiene que abordarse con visión de integralidad e intersectorialidad, mediante niveles de coordinación que trate la política pública de manera general. Además, precisó que se requiere especificar la promoción de derechos y prevención para evitar abusos en planteles educativos. Las asambleístas Teresa Benavidez y Jeannine Cruz se sumaron a esta inquietud, al invocar a la corresponsabilidad de padres, docentes y la familia para desterrar este tipo de daños a la niñez.
Situación de universidades emblemáticas
En otra parte de la sesión, se resolvió convocar a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Ministerio de Agricultura, Comisión Gestora de las universidades emblemáticas, la primera autoridad Coordinadora de Empresas Públicas, a fin de que respondan sobre los procesos para elegir a las autoridades en dichos centros, así como las denuncias sobre la situación actual de la Universidad Yachay Tech y la empresa pública Siembra E.P.
Justamente, el parlamentario Marcelo Simbaña manifestó que el cierre de Yachay ha causado preocupación en Imbabura, pues pone en riesgo todas la expectativas respecto de la Ciudad del Conocimiento, que representa progreso y generación de empleo para la zona y el país.
Docentes ocasionales
Finalmente, la mesa recibió a Paúl Velásquez, presidente Nacional de Asociación de Docentes Ocasionales Universitarios y Politécnicos de Ecuador, quien aseguró que este grupo poblacional atraviesa un problema grave, pues muchos de ellos han sido despedidos con 10 y 20 años de servicio o no reciben puntualmente sus salarios. Es más, las autoridades de las instituciones de educación superior, a través de resoluciones, establecieron la posibilidad contratar profesionales hasta por seis meses con bajos salarios, sin considerar que los maestros cuentan con PhD.
MG/cz
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