Silvia Rodas, secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y Juan Pablo Morales, de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitaron a la Comisión que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia fortalecer y transversalizar el enfoque de Movilidad Humana en el Código que trabaja la mesa legislativa, conforme lo determina los tratados y convenios internacionales, así como la Constitución y la Ley.
Silvia Rodas mencionó que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección, por tanto, las entidades del sector público, en todos los niveles de gobierno deben incluir el enfoque de movilidad humana en las políticas, planes, programas, proyectos y servicios. Dijo que hay que tomar en cuenta que en los últimos años la movilidad humana se ha complejizado agravando las condiciones socioeconómicas de aquellos que se encuentran en tránsito.
Sugirió incluir en la propuesta el lugar de nacimiento y condición migratoria, con el fin de visibilizar a las personas en movilidad humana; la capacidad de los adolescentes de ejercer acciones administrativas encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías; aclarar los roles específicos para su protección integral; que la instancia rectora en la inclusión social y económica hagan seguimiento a lo que determina la Convención de Los Derechos del Niño. Se agregue el principio de respeto a la opinión de la niña o niño en todo procedimiento.
Así mismo, se agregue el principio de no devolución, tomando en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Refugiados; principio de no sanción por entrada o permanencia irregular; reconocer la interculturalidad porque pueblos y nacionalidades en movilidad humana tienen herencia cultural; incorporar como acción afirmativa la responsabilidad del Estado con la familia transnacional, entendida como el espacio natural de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y afecto de niñas, niños y adolescentes.
En cambio, Juan Pablo Morales enfocó las propuestas en temas relacionados con traslados ilícitos de niños y adolescentes, la dificultad para el cobro de pensiones alimenticias para quienes se encuentran en el exterior; la necesidad de incorporar jueces que brinden asesoría para poder resolver situaciones cuando no hay acuerdo entre los padres en caso de visitas. Dijo que para garantizar los derechos de niños y adolescentes se debe mantener relaciones afectivas, personal y directa con sus progenitores, por tanto, sugirió incorporar el régimen de visitas internacional.
Hay que establecer un capítulo sobre la autorización judicial de cambio de residencia habitual de un niño, niña o adolescente, a fin de que se presente una alternativa jurídica ante el no acuerdo de las personas y que quieran incurrir en la sustracción o retención internacional, misma que debe ser resuelta conforme el interés superior de niños y adolescentes.
Vicente Torres, delegado del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, dijo que debe existir claridad para que todos los funcionarios del sistema puedan remitir información a las Juntas cantonales en el ejercicio de sus funciones. Para fortalecer a la Juntas Cantonales planteó que deben acreditar formación académica mínimo del tercer nivel; dejar establecido plenamente las características de las medidas de protección con la finalidad de que no exista ambigüedades o interpretaciones.
Establecer que no cabe desistimiento si en la denuncia se estableció que ha existido violencia física o psicológica; remarcar el principio de participación del niño y adolescentes; analizar la creación de una Unidad de Control que vele y regule el cumplimiento de las visitas ya que en la práctica no siempre se cumple con lo establecido en las leyes que es velar por los derechos de los adolescentes.
Ampliación de Plazo
La Comisión resolvió remitir al Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pedido de ampliación de plazo para entregar el informe para segundo debate, hasta el 31 de diciembre de 2020, tomando en cuenta que varios organismos, sociedad civil, titulares de derechos aún entregan observaciones al Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Hasta el momento, la Comisión recibió 2821 observaciones a los cuatro libros que contiene el Copinna. Todas estas observaciones tienen que ser analizadas, a fin de estructurar una normativa que efectivamente garantice los derechos de niños y adolescentes tomando en cuenta que son sujetos de interés superior.
Franklin Samaniego recordó que el CAL determinó el plazo de tres meses para la entrega del informe para segundo debate, que concluye este 31 de octubre, pero dada la cantidad de comparecientes y entrega de propuestas, dijo que se hace imposible cumplir con la entrega del documento en este plazo.
Sara Oviedo, representante de las tres coaliciones que defienden los derechos de este grupo de atención prioritaria, felicitó a la Comisión el trabajo desarrollado y la decisión de pedir ampliación de plazo, porque aún existen otros sectores que quieren participar para dar sus criterios al Código de la Niñez.
JLVN/cz
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