La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibió este viernes nuevas versiones y testimonios de afectados, así como de víctimas de los hechos violentos ocurridos durante las protestas de octubre del año anterior. Todas las intervenciones corroboran que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
En el marco del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, los rectores de las universidades Católica del Ecuador y Politécnica Salesiana, presentaron sus excusas y pidieron que la Comisión se remita a los comunicados que, en su momento, formularon frente a las bombas lacrimógenas arrojadas en dichas instituciones. El rector de la Universidad Católica, Fernando Ponce León, indicó que toda la información entregó, oportunamente, a la Comisión Multipartidista que investigó los hechos de octubre.
Luego, intervinieron Janeth Cabadiana y Édgar Zavala, de Sucumbíos, subrayaron que en esa provincia, en agosto de 2019, iniciaron acciones en demanda de atención a este importante sector del país. Posteriormente, pese al llamado al diálogo, las autoridades de Gobierno no atendieron sus requerimientos y, el 9 de octubre, reactivaron la Asamblea Provincial, presidida por el Prefecto, para reiterar sus pedidos. Allí fueron detenidas nueve personas, a quienes les mantuvieron incomunicadas; después las procesaron y tres de ellas siguen encarceladas, pese a ser inocentes.
La mesa continuó con las pruebas de cargo solicitadas por la asambleísta Amapola Naranjo. Andrés Mena Echeverría, periodista del medio alternativo Periférica, relató que estuvo en el Ágora de la Casa de la Cultura, de manera voluntaria, como el resto de comunicadores, pues nunca hubo retención ilegal, ni peor secuestro. Mientras, Jorge Rivera, subrayó que no es afiliado a ningún movimiento político y se sumó a las acciones humanitarias para apoyar a los indígenas. Al salir de una de esas jornadas, camino a su casa, recibió un impacto de bomba lacrimógena, por lo cual perdió su ojo derecho.
Doña Himelda Rivera, madre de Marco Oto, uno de los ciudadanos que fallecieron al caer del puente de San Roque, indicó que su hijo (un joven con discapacidad), no participaba de las protestas, pero estuvo por el sector para comprar unos pantalones y, en esas circunstancias, fue confundido con supuestos vándalos a quienes persiguieron con cuatro motos policiales sobre el puente y, como dicen los testigos, fueron brutalmente golpeados y atacados, hasta que cayeron al pavimento. Patricia Mosquera, también refirió lo ocurrido con su hermano Édison, quien murió por un impacto de bala en la cabeza.
Ya en horas de la tarde, los dirigentes Leonidas Iza Salazar, del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi; y, Jaime Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), reiteraron que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Iza subrayó que el descontento inició en territorio, en las propias comunidades indígenas y, en lugar de buscar una solución a este problema, cuando se trasladaron a Quito, se intensificó la represión, que produjo un elevado número de muertos, heridos y detenidos, de manera ilegal.
Jaime Vargas enfatizó que Ecuador tiene que saber la verdad de los hechos de octubre de 2019, pues la dirigencia formuló un permanente llamado al diálogo y a la búsqueda de una salida pacífica a las medidas neoliberales y antipopulares que en ese momento adoptó el régimen. “En este sentido, el Gobierno no tuvo la capacidad ni la voluntad política para buscar una solución a la crisis que vivió el país; se quiso posicionar un discurso de odio, al tildarnos de vándalos, de terroristas y con ello se tomó una actitud racista de indio encontrado, indio encarcelado”, agregó.
Los dos negaron el supuesto secuestro de periodistas en la Casa de la Cultura, más bien habrían garantizado los derechos de los comunicadores y les brindaron la protección necesaria para que abandonen las instalaciones del Ágora. Añadieron que han presentado una demanda internacional contra el Gobierno, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en octubre.
Otras versiones fueron las de Soraida Olacacha Tubón, sobre las lesiones severas sufridas por su hermano, quien fue víctima de la violencia; le extrajeron siete perdigones de la cabeza y si está vivo es por la voluntad de Dios, pero apenas mueve un poco la pierna izquierda, no habla, no tiene movilidad. Gustavo Tucumbi, hijo del ciudadano fallecido Inocencio Tucumbi, de quien las autoridades habrían dicho que murió por una caída, cuando una tomografía demuestra que recibió un impacto de bomba lacrimógena lanzada por la Policía.
Entre las pruebas solicitadas por Roberto Gómez, el director de Fundamedios, César Ricaurte, explicó que sí se convocó al Comité de Protección de Periodistas. “El 10 de octubre de 2019 recibí la llamada de la Ministra de Gobierno, para que se active el Comité y, a través de este mecanismo, logramos la liberación de 30 periodistas que fueron retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana”, dijo. Sin embargo, consideró que hubo incumplimiento del Estado ecuatoriano al no proteger adecuadamente el trabajo de los comunicadores.
De su lado, el periodista Cristhian Segarra, hijo de Efraín Segarra, miembro del equipo periodístico de El Comercio secuestrado y asesinado en Colombia, aseguró que este hecho desnudó la realidad de la falta de garantías para el ejercicio periodístico en el país y la conformación del Comité de Protección de Periodistas, es otra burla más del Gobierno.
En igual sentido se pronunció Luis Eduardo Vivanco, de la Red de Periodistas Libres, quien fue parte de la ceremonia en la cual, con bombos y platillos, se anunció la creación del Comité de Protección de Periodistas, pero no se ha activado en ningún momento, pues supo algo al respecto el 10 de octubre de 2019, durante la retención de periodistas y, pese a que tenían su equipo en ese lugar, no conoció de la reunión del Comité.
En la sesión, que se extendió por más de siete horas, tanto Elio Peña, en su condición de presidente; los miembros de la Comisión de Fiscalización; y, los interpelantes, expresaron su solidaridad para con las víctimas y familiares las personas heridas, fallecidas y detenidas durante las protestas de octubre de 2019, al tiempo que agradecieron por haber acudido al organismo para rendir testimonio de esos aciagos momentos que vivió el país. Insistieron en que se busca que Ecuador sepa la verdad.
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