En el marco del análisis de los proyectos de reforma penal para sancionar delitos de corrupción que afectan a la administración pública, especialmente en emergencia, la Comisión de Justicia, en la sesión 126, escuchó los fundamentos del legislador Alberto Zambrano sobre su propuesta de agregar la figura penal de delito de peculado agravado.
A la reunión debía acudir Johanna Pesantes, secretaria de la Presidencia de la República, quien delegó a Karla Suárez, hecho que no fue aceptado por los comisionados, por lo que se le volvería a convocar a la autoridad.
El legislador José Serrano, presidente del organismo, informó que se están tratando, a profundidad, de manera unificada, 11 proyectos en materia penal encaminados a la lucha anticorrupción.
Peculado agravado
El parlamentario Alberto Zambrano, de la provincia de Orellana, propuso incluir en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) la posibilidad de incrementar las penas de 20 a 25 años de privación de libertad para las personas que cometen peculado en obras emblemáticas de carácter social que atañe, por ejemplo, a las áreas de educación, salud.
Se mostró partidario de diferenciar, en base de proporocionalidad, los casos de funcionarios que ocupan cargos financieros en una entidad y que por un pago irrregular de 1500 dólares reciben fuertes sanciones al igual que aquellos que incurren en grandes negociados.
Tipificar la corrupción en el sector privado
Igualmente, la mesa recibió criterios del doctor Marcelo Icaza Díaz, abogado en libre ejercicio de la profesión, especializado en el extranjero en el área penal y de litigio, actualmente profesor de la Universidad de los Hemisferios, quien se refirió particularmente a la propuesta del Ejecutivo.
Precisó que es interesante que dentro de la reforma se establezca a la persona jurídica que cometa tráfico de influencias. Sin embargo, consideró que también debería establecerse una pena a las personas jurídicas que se vean envueltas en delitos de peculado, cochecho o concusión, lo que generará precedente y evitaría que las corporaciones o empresas de derecho privado opten por estas malas prácticas.
También, destacó que, además de las dávidas o beneficios que en los delitos de cohecho o concusión pueda obtener el funcionario, conste la existencia de bienes inmateriales, ya que el Código Civil habla de bienes incorporales, pero el COIP no toma en cuenta este tipo de figuras.
Manifestó que es relevante tipificar los actos de corrupción dentro del sector privado, ya que estas prácticas no solo se reducen al Estado, sino que de manera privada tambien se realiza cuando existe algun tipo de sobreprecio o beneficio, respondiendo a cuestiones de la oferta y demanda.
El parlamentario Héctor Muñoz expuso que los tratadistas modernos observan que el aumento de penas cae en un populismo punitivo, que no ayuda a solucionar la problemática de fondo, más bien la alternativa es desarrollar la prevención ante alertas de conductas delictivas.
Al respecto, el doctor Icaza coincidió que, de acuerdo a estadísticas, el endurecer las penas no elimina los actos. Hay que enfocarse en una verdadera rehabilitación social de los privados de libertad, enfatizó.
MG/cz
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