Representante de Panamá expuso la operatividad y funcionamiento del Tribunal de Cuentas

Miércoles, 18 de noviembre del 2020 - 13:17 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Tribunal de Cuentas, Justicia, Anticontrabando

Es fundamental tener entes de control, en esa línea el Tribunal de Cuentas sirve como un organismo de defensa de la democracia, considerando que el mayor enemigo del Estado es la corrupción y está asociada a la impunidad. Así lo expuso Rainier Alexis del Rosario Franco, magistrado presidente del Tribunal de Cuentas de Panamá.

Esta declaración la formuló en la sesión 129 de la Comisión de Justicia, en el contexto del debate del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de inicitiva de Pablo Celi, titular de la Comisión de Transparencia y Control Social.

Ranier del Rosario mencionó que resulta inevitable que haya errores en la gestión administrativa, ya sea falllos dolosos o culposos. Sin embargo, el problema radica en que la población no observa que haya consecuencias y sanciones a este tipo de actos.

Sostuvo que en Panamá cohexisten, de manera autónoma e independiente, la Contraloría y el Tribunal de Cuentas. La primera dedicada al control previo y auditoría, mientras el segundo se enfoca en la rendición de cuentas y la recuperación de dinero producto de actos de corrupción, en coordinación con la la parte jurisdiccional.

Entre tanto, Cristobal Buendía, abogado y catedrático universitario, opinó que más allá de una reforma legal, es fundamental armonizar la Ley de la Contraloría a los procedimientos del Código Orgánico Administrativo, en beneficio del administrado en relación al administrador. Mediante una norma administrativa se podría establecer nuevas instancias de impugnación y que no solo sea una autoridad la que resuelva actos observados por funcionarios o ciudadanos.

Anticorrupción

En otra parte de la sesión, la mesa continuó con la discusión del proyecto unificado de leyes orgánicas reformatorias del Código Orgánico Integral en materia anticorrupción, para lo que escuchó criterios de dos expertos.

Mauricio Pacheco, catedrático de la Universidad Central, dijo que es un acierto incorporar la figura de la obstrucción de justicia, pero que la misma se aplique a toda clase de delitos, no únicamente a delitos que afecten a la eficiencia de la administración pública.

En el punto de obstrucción de justicia se debe tomar en cuenta la intromisión de funcionarios públicos para favorecer ciertos fallos, así como la actitud de jueces y fiscales que, en determinados casos, presionan a víctimas para que respondan a sus intereses, argumentó.

A su vez, Juan Carlos Salazar, catedrático de la Universidad del Azuay, invocó a tener en cuenta el principio de favorabilidad, que está marcado como un derecho constitucional. También, dijo que hay que poner atención en la desproporcionalidad de las penas.

MG/cz

 

 

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