Con 11 votos afirmativos, la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano Salgado, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, fortalecer la Industria Nacional y fomentar el Comercio Electrónico.
El presidente Serrano expuso que este documento es el resultado de un trabajo de ocho meses, mediante la realización de múltiples reuniones técnicas y talleres, en los que participaron todos los sectores inmersos en esta problemática que vive el país, que encierra un peligro para la democracia. Indicó que se unificaron las propuestas de los legisladores Héctor Muñoz y Juan Cristobal Lloret.
Comentó que si Ecuador no tuviera petróleo y remesas de los compatriotas migrantes, la economía estaría caotizada, ya que no podría competir con los vecinos de la región y el mundo, debido al fenómeno del contrabando.
“Damos un gran paso, en una legislación de avanzada para la lucha contra el comercio ilícito, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, piratería y otros delitos, y acciones ilícitas conexas que afectan a la producción nacional y el comercio legal”, aseguró Serrano.
Al texto se incorporaron varias observaciones y propuestas de los legisladores Lourdes Cuesta, Carlos Ortega y Héctor Muñoz.
Lourdes Cuesta solicitó al Comité Interinstitucional para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, tomar en cuenta la situación de cerca de un millón de ciudadanos que intervienen en la cadena productiva de leche, suero y leche en polvo. Mientras, Carlos Ortega, entre otros puntos, habló de la necesidad de que norma penal se armonice con los términos del Código Ingenios, poniendo énfasis en la protección a los derechos de autor.
A su vez, Héctor Muñoz pidió recoger la sentencia de Corte Constitucional respecto de la presunción de inocencia, en el caso de la receptación aduanera, a fin evitar caer en contradicción. También llamó a revisar las competencias legal y extrajudicial que se le asignaría al Comité Interinstitucional.
Alcances del proyecto
El proyecto establece la creación del Comité Interinstitucional para reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, el cual asumirá la construcción y emisión de la política de Estado para luchar contra el comercio ilícito. Así mismo, le corresponde la coordinación, articulación, control, fiscalización, sistematización y consolidación de los resultados obtenidos con la implementación y ejecución de las acciones llevadas a cabo por las distintas instituciones estatales.
Contará con comisiones técnicas para la ejecución de operativos y acciones concretas que deban efectuarse, para contrarrestar el comercio ilícito, en función de sus competencias y el grado de especialización. El sector privado tendrá activa participación en la temática.
Cooperación internacional
Se dispone que, en el marco de negociaciones en materia de comercio exterior que emprenda Ecuador con otros Estados u organismos internacionales, incluyendo la concertación o reforma de tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio, el Gobierno procurará introducir cláusulas, disciplinas o capítulos relacionados con la cooperación internacional y prevención del comercio ilícito en sus diversas modalidades, así como mecanismos para su ejecución efectiva.
Para ello, nuestro país procurará suscribir, con países de alto riesgo, instrumentos específicos de cooperación en materia aduanera, derechos intelectuales y judiciales para la prevención del contrabando, el fraude aduanero, el favorecimiento del contrabando y demás actividades conexas al comercio ilícito.
Problemática
Se menciona el continuo incremento del comercio ilícito en el territorio ecuatoriano, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional, la ciudadanía y el Estado; la generación de empleo formal; la recaudación de impuestos; el fomento de la cultura de la legalidad; el respeto de las normas; y en general, el desarrollo social, particularmente, de la población más vulnerable, lo que, además, genera un impacto negativo en la capacidad recaudatoria del Estado debido al contrabando y la evasión fiscal.
La dimensión de está problemática social, trasciende al enfoque legal y sus consecuencias en el comercio de la zona reflejan la realidad de la ciudad y su frágil economía azotada por la falta de producción local. Los únicos beneficiarios de la situación son los contrabandistas y las bandas que ofertan traer mercancía de contrabando al país, mientras que sectores industriales como el de alimentos, textiles, cosméticos, productos de venta directa y la tabacalera están siendo profundamente afectados por este delito.
MG/cz
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