La Corte Nacional de Justicia y especialistas en Derecho formularon observaciones al proyecto unificado de Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal, en materia Anticorrupción, que tramita la Comisión de Justicia. Los actores coincidieron en la necesidad de implementar mecanismos de prevención para evitar, a tiempo, el cometimiento de delitos contra la administración pública en emergencia, tras objetar la posibilidad de incrementar las penas.
Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, consideró que el delito de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia no merece ser tipificado como un delito autónomo, pues ya existe como peculado.
En tal sentido, opinó que la conducta ilícita propuesta puede ser incluida como un agravante en los delitos específicos de peculado y de tráfico de influencias (expeculado impropio). No existe proporcionalidad en las penas previstas para el delito de elución, agregó.
Manifestó que la figura de “tráfico de influencias” debe volver a su génesis, es decir, sancionar la conducta como peculado impropio. Con la tesis de ampliar la etapa procesal de instrucción fiscal, a través de una institución denominada “investigación compleja”, se estarían ampliando los plazos de forma desmedida, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva y a los principios procesales de eficacia, eficiencia, economía procesal y celeridad, dijo.
Con esta reforma, enfatizó, casi a los tres años de iniciada la investigación se dictaría una sentencia, lo que no se compadece con los derechos de los sujetos procesales ni con las exigencias del derecho penal moderno.
Mientras, el juez Marco Rodríguez manifestó que las reformas no cambian los elementos del tipo penal del peculado. Sostuvo que es fundamental determinar clara y específicamente las sanciones y reglas para proveedores y funcionarios que incurren en esta acción durante los estados de emergencia.
Evitar ambiguedades
Francisco Estupiñán, exfuncionario de la Fiscalía General del Ecuador en las unidades de Investigaciones Financieras y Asuntos Internacionales, planteó aclarar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no será aplicable al Estado.
El nuevo derecho penal no tiene que ser sancionador, sino buscar que sea preventivo y lograr, justamente, que las empresas y personas no incurran en estos actos. Propuso que en vez de una sanción económica definida para las empresas privadas, se establezca un porcentaje sobre sus activos, lo que representaría mayor beneficio económico al Estado.
Invocó a desarrollar programas de cumplimiento penal y de debida diligencia para el control de la empresa privada, recogiendo las experiencias de España, Colombia, Estados Unidos, entre otros. También, se pronunció por generar incentivos de orden económico a los informantes que contribuyen en una determinada investigación de corrupción.
Control concurrente
Por último, Jean Paul Egred,magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública, especialista en Derecho Procesal Penal, aseguró que el planteamiento de elusión de procedimientos contractuales está mal concebido y no tiene sustento técnico. La oportunidad es propicia para incluir el control concurrente, a fin de que la Contraloría o Procuraduría verifiquen oportunamente cada uno de los contratos por emergencia, lo que permitirá garantizar su legalidad y eliminar problemas de sobreprecio y peculado, acotó.
Además, hizo reparos a la creación de la figura de la investigación compleja, pues ese mecanismo consta en las fases de investigación previa y de instrucción fiscal. Incluso, hoy se aplica la cooperación penal internacional en delitos de delincuencia transnacional, organizada, narcotráfico y delitos financieros.
El presidente Serrano anunció que la proxima semana se intensificará la discusión de las reformas, con la participación de representantes de la academía, del sector justicia, expertos y la sociedad.
MG/cz
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