Los representantes de la banca privada y de varios colectivos de entidades del sector financiero popular y solidario afirmaron que han cumplido estrictamente con las disposiciones de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, al brindar alivio financiero a sus clientes. Esta información fue entregada en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda.
En el marco del control político del cumplimiento de la Ley Humanitaria, específicamente en torno a los mecanismos de reprogramación y refinanciamiento de obligaciones crediticias, sobre la base de la resolución del Pleno de la Asamblea adoptada el 28 de octubre pasado, comparecieron ante la mesa Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca); Julio Dobronski, de Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador (ANME); Édgar Peñaherrera, de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse); y, Valeria Llerena, de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).
Desde la Asobanca, José Julio Prado afirmó que las instituciones privadas propiciaron el alivio financiero de más de dos millones de clientes, en operaciones por 10 mil millones de dólares, ya sea por la vía del diferimiento de obligaciones o del refinanciamiento de los créditos, lo cual evitó que la morosidad no se dispare en Ecuador. “No ha existido ni un solo caso en el que se haya cobrado interés sobre interés, ni ningún otro tipo de rubro adicional, en cumplimiento estricto de la Ley”, dijo.
De su lado, Julio Dobronski, de la Asociación de Mutualistas, subrayó que se alivió un total de 1740 millones de dólares, cuyo mayor porcentaje es el crédito para vivienda, sobre todo en el segmento de interés social, a favor de un total de 150 mil socios a nivel nacional. “La Superintendencia de Bancos ha realizado controles in situ y extra situ de este segmento y no hay caso alguno en el que se hayan aplicado intereses extraordinarios, ni cobros indebidos”, añadió.
Mientras, Édgar Peñaherrera, de Asofipse, indicó que el gremio representa el 87 % de los socios de las cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, un sector que mantiene una cartera de 12 mil millones de dólares y con depósitos por el orden de los 13 mil millones de dólares. “Tuvimos 780 000 operaciones de alivio financiero y lo más importante es que se mantiene la credibilidad en el cooperativismo”, agregó.
Valeria Llerena, de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que representa a 50 instituciones de microcrédito, explicó que no solo se otorgó el alivio financiero para sus clientes, sino que entregaron nuevas líneas de crédito, sobre la base del estricto cumplimiento de la Ley Humanitaria y de las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
De su lado, a nombre de los perjudicados por la banca privada intervino Tania Barba, aseguró que se han presentado cuatro millones de quejas y denuncias formales por anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) en la reestructuración de créditos de la banca privada, pese a que la ley no permite el cobro de intereses por mora ni otros rubros en la concesión de alivio financiero.
El presidente de la mesa, Elio Peña, agradeció por la información entregada por los comparecientes, pues dijo será contrastada con la documentación que entregue, en su momento, la Superintendencia de Bancos, con lo cual se elaborará el informe para conocimiento del pleno de la Asamblea.
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