Fernando Aquila, dirigente de la comunidad “18 de noviembre”, del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, en la Comisión de Biodiversidad, solicitó a los parlamentarios fiscalizar los problemas ambientales que se producen por los constantes derrames de petróleo a causa de la rotura de tubería que sale de la plataforma Shushufini 138 D, donde se encuentran ubicados siete pozos petroleros, cuyo producto va a la estación operada por la empresa Petroamazonas EP.
Señaló que el 10 y 17 de noviembre se produjeron nuevos derrames a 50 metros del río Itaya, que es afluente del río Napo, contaminando las aguas donde están asentadas algunas comunidades que se dedican a la agricultura y ganadería.
Dijo que hasta la fecha han ocurrido 14 derrames de petróleo, y en noviembre de 2020 se cumplió un año de la contaminación de la planta de agua potable, afectando a 1700 personas. En este marco, solicitó a la Comisión haga prevalecer los derechos como comunidad y pidió que comparezcan las autoridades pertinentes para que den respuestas y soluciones inmediatas a esta problemática.
El legislador Fredy Alarcón solicitó la comparecencia de los ministros de Ambiente y Agua, de Energía y Recursos Naturales no renovables, del Gerente General de Petroamazonas, a fin de que informen sobre las acciones, planes de remediación y reparación integral que se implementarán para contrarrestar la contaminación producida en el río Itaya y Napo por la rotura de la tubería que transporta el crudo. Señaló la necesidad de conformar una subcomisión de legisladores para realizar una visita in situ, con el fin de verificar el grado de afectación.
Recordó que la Constitución, en su artículo 397, dispone que en caso de daños ambientales el Estado optará de manera inmediata y subsidiaria por garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas, además de la sanción correspondiente. Así mismo, el Código Orgánico de Ambiente, en su artículo 292, determina medidas de prevención y reparación integral de daños ambientales. Indicó que los operadores están obligados a cumplir con la reparación para garantizar la eliminación de riesgos para la salud y la protección de los derechos de la naturaleza.
Ecu 911
En otro orden, el asambleísta Henry Moreno denunció la inoperancia e ineficacia del servicio Ecu 911, que ha causado molestias en familias que requieren de este servicio inmediato. Tema recurrente no solo en la provincia de Pastaza sino en toda la Amazonía, añadió.
En este marco, solicitó que la Comisión de Biodiversidad convoque de forma urgente a Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, con la finalidad de que informe cuáles son los mecanismos, políticas, directrices y formas de brindar los servicios integrados en la Amazonía, en virtud de las constantes quejas y denuncias acerca de la ineficiencia del citado servicio.
Pesca en pequeña escala
La Comisión escuchó a Melisa Velpile, asesora de Parlamentarios por la Acción Global y al especialista Enrique Alonso, representante de la organización no gubernamental, quienes promueven la pesca en pequeña escala y el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos.
Previo a estas intervenciones, la legisladora Liliana Durán señaló la importancia de escuchar la voz de especialistas de los Parlamentarios para la Acción Global (PGA), que es una red internacional que trabaja en varias campañas; y, una de ellas, se centra en los océanos, mares y recursos marinos, en la promoción del desarrollo sostenible para su conservación.
Indicó que ellos promueven la aplicación de un marco jurídico reglamentario normativo o institucional que reconozca y proteja los derechos de acceso para la pesca en pequeña escala como medio de subsistencia de familias ecuatorianas.
En su tuno, Melisa Velpile manifestó que Acción Global aboga por la aplicación de los derechos humanos y en este contexto impulsa la alimentación sostenible y pesca en pequeña escala. En cambio, Enrique Alonso habló de la importancia de impulsar la cogestión que puede implementarse en la pesquería de pequeños pelágicos del Ecuador.
Dijo que la mayoría de legislaciones sobre sostenibilidad ambiental carecen de manejo sustentable para garantizar derechos sociales de recursos pesqueros. Explicó que la cogestión implica un nuevo modelo de gobernanza, requiere tiempo para educar al sector y encontrar consensos, así como inversión a medio plazo y la construcción de nueva relación sector-Estado.
Los beneficios de utilizar este modelo serían: planes de manejo inclusivos, metas equilibradas, mayor legitimidad del manejo pesquero, facilidad el cumplimiento por parte del sector y reducción de costes de la gestión, agregó
El presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, agradeció la exposición y los insumos entregados, más aún cuando en Ecuador recién se aprobó la Ley de Acuicultura y Pesca que bien podría tomar en cuenta el mecanismo de cogestión para apoyar la pesca a pequeña escala.
JLVN/cz
