La Comisión de Participación Ciudadana cumpliendo su rol fiscalizador y con el propósito de dar respuesta a los trabajadores de la empresa Explocen que llevan más de 140 días en huelga, nuevamente, citó al ministro de Defensa y presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), Oswaldo Jarrín y al ministro de Trabajo, Andrés Isch, para que expongan sus argumentos sobre una supuesta violación a los derechos a las personas que laboran de dicha institución; sin embargo, no asistieron.
Mediante oficio, el Ministro de Defensa mencionó que no es competencia del Presidente del Consejo Directivo la administración del personal de la compañía Explocen; en tal sentido, “mal podría emitirse alguna clase de criterio o información sobre una compañía que goza de personalidad jurídica propia y que de acuerdo a su estatuto el represente legal es el Gerente General de la misma”, señaló.
Representante legal
De su parte, la representante legal de los trabajadores de Explocen, Angélica Porras, sostuvo que el Ministro de Defensa sí debería comparecer a la Comisión, pues su obligación es responder por las inversiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Recordó que Explocen tiene el 60 % de las acciones que corresponden al Issfa. “La propia Ley le obliga a tener control sobre estas inversiones y a comparecer a la Asamblea”, opinó.
Así mismo, sostuvo que la única autoridad que puede autorizar que se militarice alguna institución, como hasta ahora se mantiene la empresa Explocen, es el Ministro de Defensa.
El titular de la mesa, Raúl Tello, indicó que la subcomisión (integrada por los legisladores Pabel Muñoz y Ronny Aleaga) que investiga el tema, una vez que avance con la recolección de información, en caso de considerar necesario, volverá a convocar a los ministros de Defensa y Trabajo.
Trabajadores
Segundo Mera, trabajador de Explocen, dijo que junto con sus compañeros ha sido víctima de una serie de vulneración de derechos. Mencionó que, supuestamente, han sufrido acoso laboral, hostigamiento y persecución por parte de la Policía, Ejército y Fiscalía. Recalcó que están denunciados penalmente, tanto por el empleador como por el Ministerio de Trabajo. Pidió que la Asamblea intervenga para terminar con cinco meses de huelga.
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