En la sesión 133, la Comisión de Justicia, presidida por el legislador José Serrano Salgado, revisó las observaciones de los asambleístas al Proyecto Unificado de Leyes Orgánicas Reformatorias del Código Orgánico Integral Penal en materia Anticorrupción, formuladas en el Pleno de la Asamblea, previo a la definición del informe de segundo debate.
En la sesión del Pleno 688 intervinieron 13 parlamentarios y la mesa receptó, por escrito, comentarios de la Corte Nacional de Justicia, de la Procuradoría General y de los parlamentarios: Marcela Aguiñaga, Silvia Vera, Mercedes Cuesta, Encarnación Duchi y Patricio Donoso.
José Serrano explicó que las propuestas han sido debidamente sistematizadas. Informó que se han presentado 22 observaciones especificas al articulado, así como cuatro observaciones generales. Hemos realizado un trabajo responsable sobre el contenido y alcances de la normativa, sin involucrarse en el populismo penal que pretende solo incrementar las penas, lo que podría agradar a ciertos sectores, pero que al final desinstitucionaliza la estructura penal del país, enfatizó.
Definición del informe de segundo debate
Anunció que en las próximas horas, una vez que los comisionados hayan realizado un estudio profundo de las observaciones, se daría paso a la construcción del informe de segundo debate, para conocimiento y resolución del Pleno de la Legislatura.
Observaciones
Entre otras observaciones, se habla de analizar la pertinencia de incluir algunos delitos al catálogo de infracciones, pues se podría duplicar conductas penales ya existentes; considerar los alcances de la voluntad popular manifestada en las urnas, en 2018.
También, la necesidad de especificar que los actos de corrupción en el sector privado serán los gestionados con entidades o recursos públicos, para abrir espacio a la posibilidad de fiscalizar en el ámbito administrativo; que se castigue a la persona natural y no a la persona jurídica, porque es muy fácil deshacerse de una personería jurídica para evitar castigos.
Se debería, además, hacer énfasis en garantizar la protección del ciudadano denunciante, ya que en materia de corrupción hay muchos intereses relacionados o mafias que podrían intimidarlo.
MG/cz
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