Con el voto unánime de los 11 asambleístas presentes, la Comisión de Educación, que preside Jimmy Candell Soto, resolvió iniciar las acciones para proponer el enjuiciamiento político al titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley.
La Comisión rechazó y censuró la reiterada inasistencia del funcionario a este organismo legislativo y la falta de respuesta a los requerimientos sobre la institucionalización de las universidades emblemáticas, la situación de los becarios nacionales y en el exterior, así como la creación de las universidades en la Amazonía ecuatoriana y la provincia de Santo Domingo de lo Tsáchilas, en claro incumplimiento de la legislación vigente.
En la resolución se exige al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, derogue el Decreto por el cual ha dejado en acefalía en proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento, lo cual ha afectado a cientos de familias de la provincia de Imbabura, quienes se han quedado sin trabajo ni otros medios de sustento.
Así mismo, la mesa solicita a las comisiones gestoras de Ikiam y UNAE, así como a las autoridades de la Senescyt, la suspensión de los procesos eleccionarios, al no existir las condiciones propicias para elegir democráticamente a sus autoridades.
Comparecencias
Previamente, la Comisión recibió a representantes de profesores y estudiantes de las universidades emblemáticas: Ikiam, Yachay y Universidad Nacional de Educación (UNAE), quienes cuestionaron los procesos de elección de autoridades, tanto por el apresuramiento con que se han convocado, cuanto por la modalidad presencial como se desarrollarán, porque se pone en riesgo la salud de todos los estamentos universitarios.
Los delegados de las referidas universidades solicitaron que se den las facilidades para que los procesos electorales de cogobierno se realicen de manera virtual, con las suficientes medidas de seguridad ya que, en la mayoría de los casos, los maestros y alumnos están en diferentes provincias del país y tendrán que trasladarse a los recintos electorales, so pena de una sanción disciplinaria.
Richard González Dávila, abogado de los docentes de Ikiam, dijo que el Reglamento electoral presenta muchos problemas, entre ellos, la necesidad de presentar las candidaturas con el respaldo del 10 % de firmas de los docentes habilitados para elegir, lo cual transgrede el derecho al secreto del voto; se obliga a los estudiantes a acudir a Quito o a Tena para sufragar, con la amenaza de una sanción que podría ser de tres a 15 días de suspensión como alumnos, entre otros inconvenientes, lo cual fue corroborado por Antonio Vera Palacios, representante de los estudiantes de dicha universidad.
Entre tanto, Pamela Andrade Mina, estudiante de Yachay, criticó que se convoque un proceso electoral, no para rector o vicerrector, sino para los representantes de los estudiantes y el personal administrativo, lo cual consideró una pérdida de recursos, cuando lo fundamental es avanzar en el proceso de institucionalización de esta universidad.
Mientras, Karla Herrera, exdocente de la UNAE, dijo que muchos de los profesores fueron despedidos y, hasta el momento, no se les ha cancelado la respectiva liquidación. A la vez, preguntó cuál sería el apuro que se tiene para llevar a cabo la elección de autoridades, cuando existen otras prioridades para el fortalecimiento de estas universidades conocidas como emblemáticas.
De su lado, Rubén Riera, presidente del Tribunal Electoral de la Universidad de las Artes, indicó que quisieron hacer elecciones on line, pero tuvieron un informe técnico que demostraba la imposibilidad de llevarlas a cabo, por aspectos relacionados con la seguridad de los datos, entre otros. Por ello, se vieron en la necesidad de efectuarlas de manera presencial, cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad.
El presidente del organismo legislativo, Jimmy Candell, expresó su aspiración en el sentido de que los funcionarios que tienen como obligación rendir cuentas ante la Asamblea acerca del cumplimiento de sus respectivos cargos, atiendan los requerimientos de información respecto de la situación de las universidades emblemáticas, el pago de obligaciones a los becarios, entre otros temas.
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