En la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, los constitucionalistas Rafael Oyarte y Enrique Gómez coincidieron que el proyecto de Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los Espacios Acuáticos, no debe tener el carácter de orgánica. Precisaron que la normativa está bien concebida porque respeta el marco constitucional.
En cuestiones de fondo, Rafael Oyarte señaló que en la gestión del mar territorial, la zona económica exclusiva y aguas interiores se aplica el derecho público administrativo; por tanto, se requiere una autoridad nacional que haga la regulación del uso del derecho marítimo nacional e internacional, así como la fiscalización dentro de las actividades de privados nacionales y extranjeros en aguas nacionales.
En el proyecto se establece una serie de disposiciones sobre la tutela administrativa y potestades de defensa y conservación de la riqueza marina e ictiológica que estaría a cargo de la Armada Nacional, aspecto que no es novedoso porque ya existe en otras naciones. Además, el artículo 158 de la Constitución encarga a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Naval las funciones de resguardar la soberanía y la integridad territorial.
Indicó que no ve en el proyecto de ley que haya alguna confusión entre lo que es la justicia administrativa y los asuntos meramente jurisdiccionales. A su criterio está bastante delimitado, en el proyecto se hace una diferenciación entre las infracciones administrativas y las de carácter penal, conforme el artículo 26 del proyecto.
El legislador César Carrión preguntó al constitucionalista Oyarte si el ente rector va a ser la Armada Nacional, cuál sería la labor del Ministerio de Transporte y Obras Púbicas. Respecto del Sistema de Organización Marítima Nacional, cuál sería la misión específica de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de lo que determina el artículo 158 de la Constitución. En cuanto a la formación y capacitación solo debe ser la Armada Nacional la que se encargue de este particular; y si la Marina Mercante debe ser independiente.
Oyarte dijo que todo lo que tiene que ver con la vida humana en el mar tiene que estar a cargo de la Armada Nacional porque si se entrega al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no va a haber control de nada respecto de nuestra riqueza ictiológica. Son las Armadas las encargadas de fiscalizar el uso de los espacios acuáticos tanto en la zona económica exclusiva y con más razón en el mar territorial, lo mismo que tiene que ver con el uso de puerto, es decir las zonas legalmente habilitadas para el ingreso y salida de personas y mercancías, que son de carácter administrativo.
Al responder el por qué el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas intervienen en la conformación del Sistema de Organización Marítima Nacional, dijo que es básicamente por temas relacionados con dominio público territorial. En la normativa se especifica con claridad lo que son las potestades administrativas, en este caso en defensa de la soberanía y mar territorial, con las de carácter eminentemente penal. Sobre la capacitación de la gente de mar precisó que debe estar en manos de las Fuerzas Armadas, en virtud de las obligaciones que tienen los estados ribereños cuando tienen que realizar labores de rescate, incluso en alta mar.
En su turno, el parlamentario René Yandún pidió a Rafael Oyarte clarifique cuál debe ser la coordinación entre la Policía Marítima, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Oyarte precisó que en el proyecto está bien concebidas las funciones de cada institución. Una cosa son las potestades de la Policía Marítima que se encarga de fiscalizar los actos de las personas y no quien tiene que juzgarlas, porque de eso se encarga la Fiscalía, a través de una investigación.
De inmediato, intervino el constitucionalista Enrique Gómez, quien coincidió con Oyarte en que la Ley de Navegación no debe ser orgánica. Dijo que la normativa está en concordancia con la Constitución. No hay que confundir lo jurisdiccional con lo administrativo, en la propuesta legal está perfectamente establecidos cada uno de estos aspectos, resaltó.
El parlamentario René Yadún, consultó qué funciones debería cumplir la Autoridad Portuaria y el Transporte Acuático y quién debe ejercer el control. Gómez señaló que la propuesta que estudia la Comisión tiene claridad en cuanto a las funciones que deben cumplir cada uno.
El legislador Washington Paredes formuló un llamado de reflexión en el sentido de que la provincia de Galápagos el 80 % depende del turismo. Dijo que los temas administrativos están bajo la rectoría de la Armada Nacional y la Secretaria de Puertos que representa al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pidió que la Comisión analice sus propuestas planteadas sobre la seguridad que debe darse a las embarcaciones, sobre transporte: marítimo, comercial, turístico, portuario, de pesca. Pidió que el proyecto sea socializado en la provincia de Galápagos.
El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Flores, agradeció a los constitucionalistas Oyarte y Gómez por dar sus criterios sobre el proyecto de Ley de Navegación. Pidió al legislador Paredes enviar sus propuestas al seno de la Comisión. Reiteró que luego del primer debate en el Pleno, la mesa legislativa abrirá un espacio de participación para que todos los sectores den sus observaciones.
JLVN/cz
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