Por espacio de cinco horas, la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano Salgado, se dedicó a revisar todas las observaciones que surgieron en el Pleno de la Asamblea y las que presentaron, por escrito, legisladores, expertos y diversos actores sociales. La mesa prevé votar el documento este sábado, a partir de las 17h00.
La propuesta, que contempla reformas al Código Integral Penal (COIP) y a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, reafirma la tipificación de tres nuevos delitos: obstrucción de la justicia; sobreprecios en contratación pública; y actos de corrupción en el sector privado.
Se sancionan, además, dos nuevas conductas: el peculado en el sector privado, como uno de los tipos de actos de corrupción en este sector; y la evasión de procedimientos de contratación pública, como un tipo de peculado dentro del Art. 278 del COIP.
Acogidos 80 % de aportes a reforma
José Serrano expuso que, según datos de la Fiscalía, durante la pandemia crecieron considerablemente los delitos relacionados con actos de corrupción. Solamente en el ámbito de la salud, la Contraloría ha realizado más de 60 auditorías a las compras públicas de insumos médicos en la emergencia sanitaria. Se habla de sobreprecios de hasta el 9.000 % en contratos entre marzo y mayo, añadió.
Indicó que se recibió un total de 202 observaciones y aportes al proyecto, acogiendo el 80 %, mientras el 20 % se descartó por razones de no pertinencia, falta de sustento técnico – jurídico de respaldo, por ser contratrarias a la norma constitucional y no alinearse con los objetivos de la reforma.
Reforma profunda
Los parlamentarios Henry Cucalón, Héctor Muñoz y Franklin Samaniego destacaron que la reforma es profunda, más aún cuando determina herramientas efectivas para que la Función Judicial y la Fiscalía investiguen y sancionen actos de corrupción en situaciones regulares, emergencia y estado de excepción.
Es trascendental la tesis del informe previo de la Contraloría para la celebración de contratos y la inclusión de la figura del compliance (cumplimiento de normativa), que es un eje central de prevención de actos irregulares que afentan a la eficiencia de la administracion pública, comentaron. Además, aclararon que se ha descartado cualquier tipo de populismo penal, por lo que la propuesta trata de adecuar, de mejor manera, conductas delictivas como pecualdo, cohecho, entre otros, lo que no implica incremento de penas.
MG/cz
