El Pleno de la Asamblea, en 2020, procesó tres juicios políticos, sobre la base de los informes preparados por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se trata de las interpelaciones seguidas en contra de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura; Christian Cruz, entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); y, María Paula Romo, en su condición de secretaria de Gobierno, por incumplimiento de funciones, dos de los cuales concluyeron con censura y destitución.
A inicios de año se desarrolló la interpelación al exministro Raúl Pérez Torres, propuesta por los asambleístas Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret, por la emisión del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, que establece la fórmula para asignar fondos para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos provinciales, con un grave perjuicio económico para las provincias más pequeñas.
En su defensa, el exministro de la Cultura subrayó que su accionar no fue político sino profesional y que había cuestionado la Ley de Cultura y la fórmula para la asignación de recursos, que se ejecuta a través del Ministerio de Finanzas. Destacó su experiencia como gestor cultural por más de 60 años, por la cual fue llamado a dirigir la Secretaría de la Cultura y Patrimonio.
Para este proceso, no hubo los 91 votos necesarios para la censura del extitular del Ministerio de Cultura.
Christian Cruz
En octubre, el Pleno, con 124 votos afirmativos, censuró la actuación de Christian Cruz Larrea, quien incurrió en incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley; en consecuencia, ordenó su inmediata destitución del cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Se registraron, además, cinco abstenciones.
Henry Kronfle y Noralma Zambrano, en su calidad de interpelantes, aseguraron que jamás se ha puesto en entredicho la legalidad del carné de discapacidad, ni la validez de la licencia del señor Cruz, sino si realmente existe el 81 % de discapacidad visual y auditiva, porque si existe tal porcentaje de discapacidad, no debería tener una licencia tipo “E” y si tiene capacidad para conducir vehículos autorizados con esa licencia, se deduce que no tiene la referida discapacidad.
De su lado, Christian Cruz defendió la validez legal de su carné de discapacidad, así como de su licencia, al reiterar que el haber obtenido dichas credenciales no constituye causal de juicio político. Así mismo, en torno a la presunta arrogación de funciones, al haber emitido dos reglamentos de carácter administrativo, justificó su actuación con normas emitidas por la Contraloría General del Estado que le facultarían para hacerlo.
María Paula Romo
En noviembre, con el voto de 104 asambleísta, el Pleno censuró y destituyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por incumplimiento de funciones, al considerar que es la responsable política de la actuación de la Policía Nacional y el operativo para sofocar las manifestaciones ocurridas en octubre de 2019, que derivaron en hechos de violencia.
Los interpelantes, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, reiteraron sus acusaciones en contra de la ministra, porque los resultados del uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones de octubre 2019 dejaron varios ciudadanos fallecidos, centenares de heridos y personas perseguidas por el solo hecho de haber protestado en contra de una medida inconsulta adoptada por el Gobierno.
En su intervención, la Ministra defendió su gestión y asumió la responsabilidad de la actuación de la Policía Nacional, durante las protestas de octubre del año pasado. “En octubre defendí el derecho de los millones de ciudadanos que querían ir a sus trabajos y a sus casas con seguridad”, dijo.
La moción de censura propuesta por el legislador Roberto Gómez registró, además, 18 votos en contra y 12 abstenciones.
Acciones de control político
Por delegación del Pleno de la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña, efectuó acciones de seguimiento en torno a la aplicación de la Ley Humanitaria, en lo que atañe a las medidas de alivio financiero, tanto en el diferimiento de cuotas, cuanto en el refinanciamiento de las obligaciones crediticias, en los sectores público, privado, así como de la economía popular y solidaria.
La mesa recibió a las titulares de las superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, a los directivos de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) y al presidente del Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares (Conafips), con el propósito de conocer si se cumple o no la Ley Humanitaria.
En todos los casos, los concurrentes afirmaron que se ha cumplido a cabalidad con la normativa vigente y que, de ninguna manera, se ha evidenciado la existencia de cobros de interés sobre interés, recargos, multas, entre otros rubros proscritos por la ley.
Concesiones viales
El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, justificó la aplicación de alianzas público-privadas como mecanismo para garantizar el mantenimiento de la red vial del país, considerando que la caja fiscal no tiene suficientes recursos para atender estas demandas, afirmación que formuló durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Martínez informó al organismo sobre los procesos de adjudicación, construcción y cobro del peaje en la vía Santa Elena, en Buenos Aires; y, en la vía Playas, en Progreso, de conformidad con las preguntas planteadas por el legislador Jimmy Candell Soto, representante de la provincia de Santa Elena.
La mesa conformó una subcomisión que hará un seguimiento de estos procesos, a fin de salvaguardar los intereses de los usuarios de las vías del país.
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