A través de diversos foros ciudadanos, así como de encuentros con las autoridades de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales, cantonales y parroquiales del norte y del sur del país, el Grupo Parlamentario Fronterizo, coordinado por Silvia Salgado, avanzó en la construcción de la reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo, a fin de adecuar a la realidad que actualmente viven las zonas ubicadas en la línea de frontera.
En este marco, el organismo evaluó la aplicación de la Ley desde diversos ejes, particularmente en lo relacionado con el ejercicio de las competencias de los GAD y la asignación de recursos económicos por parte del Gobierno central. También, se discutieron los avances en materia de atención a sus principales necesidades insatisfechas, entre ellas, educación, salud y vialidad.
Al respecto, el Grupo Parlamentario recogió diversas propuestas, las cuales serán sistematizadas para establecer el texto del proyecto de reformas.
Consulta prelegislativa
Una de las conclusiones más relevantes de esta serie de encuentros fue la necesidad someter el texto reformatorio a consulta prelegislativa. Para el efecto, una vez redactado el proyecto, se determinarán los temas sustantivos materia de una posible consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.
Silvia Salgado, coordinadora del Grupo, acogió el pedido y asumió el compromiso de incluir en el planteamiento de la Ley Reformatoria la necesidad de que la Asamblea disponga el desarrollo de la referida consulta.
La legisladora Silvia Salgado anticipó su aspiración de que hasta el cierre del actual período legislativo se pueda presentar el proyecto de reformas, sobre la base de los consensos y la participación de los diversos sectores inmersos en la realidad de las parroquias, cantones y provincias ubicadas en la zona de frontera.
Control político
Igualmente, el Grupo Parlamentario Fronterizo ejerció acciones de control político sobre varias temática, una de ellas, la terminación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para la ampliación de la red de infocentros comunitarios.
La instancia parlamentaria, con el voto unánime de los 13 legisladores presentes, rechazó el anuncio sobre la terminación del citado convenio, por considerar que se trata de una regresión en materia de políticas públicas de derechos humanos y, sobe todo, de desarrollo.
De la información expuesta por los invitados al organismo se estableció que el cierre de los infocentros perjudicaría a cuatro millones doscientos mil ciudadanos, particularmente de las parroquias rurales, entre ellos, 600 mil estudiantes que utilizan estas instalaciones como laboratorios de computación, ya que no cuentan con esa infraestructura en las unidades educativas a las cuales pertenecen.
Defensa Siembra EP
Así mismo, el Grupo Parlamentario Fronterizo, con el voto de los siete legisladores presentes, requirió del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la derogatoria del Decreto 1060, por el cual dispuso la liquidación de la empresa Siembra EP, con el propósito de buscar alternativas para fortalecer este importante proyecto, que no solo beneficia a la región norte, sino a todo el país.
Con esta resolución, los legisladores reconocieron el aporte de la empresa Siembra para la dinamización de la economía, tanto del cantón Urcuquí, cuanto de la provincia de Imbabura, en los últimos cinco años, generando plazas de empleo directo e indirecto; promueve el fortalecimiento de la Ciudad del Conocimiento, no solo como proyecto de carácter científico tecnológico, sino como Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), que aporta al desarrollo del país.
Sobre la base de la información económico financiera presentada por técnicos de la empresa, se reconoció que existen alternativas de sostenibilidad. También se requirió de las autoridades nacionales, particularmente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), informen sobre el cumplimiento de las obligaciones para la ejecución del crédito con la empresa china Eximbank y los riesgos para el Estado ecuatoriano por su posible incumplimiento.
EG/ea
