El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, y la directora nacional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Silvana Vallejo Páez, suscribieron, la tarde de este lunes 28 de diciembre de 2020, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el objeto de promover, fortalecer y coadyuvar a una eficiente, transparente y oportuna labor fiscalizadora de la Función Legislativa.
Para el efecto, la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales del Parlamento y la Coordinación Técnica de Control del Sercop, coordinarán de manera conjunta todo lo relacionado con el trámite de las solicitudes de información que sean efectuadas por los asambleístas o a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional, con el fin de que estas sean atendidas en el plazo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El presidente Litardo recalcó que los beneficios que se desprenden del convenio se orientan a lograr que la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales absuelva los requerimientos de información generados por los asambleístas en lo referente a acciones de fiscalización, en el marco de cualquier investigación desarrollada en la Asamblea Nacional.
Adicionalmente, este convenio permitirá optimizar tiempo, recursos económicos y financieros, así como la comparecencia de los funcionarios públicos a la Función Legislativa. Estos datos, según el convenio firmado entre las partes, permitirán que la Legislatura cuente con información para ejecutar la labor fiscalizadora que cumple, que será de acceso público a través del portal web de la institución, transparentado así el trabajo desarrollado por esta función del Estado ante la ciudadanía.
La duración del convenio será de cuatro años y además no genera obligaciones financieras para ambas instituciones. Como parte de los compromisos está cumplir con las políticas internas y la normativa legal inherente a cada una de las instituciones parte, para que operen los procedimientos de control político que ejerce la Asamblea Nacional, acorde a los principios rectores de la administración pública.
De la misma forma, garantizar el ejercicio de la responsabilidad política y la gestión gubernamental de una manera transparente, a través de la adopción de correctivos preventivos eficaces que fortalezcan el control político, entre otros.
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