La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social enfocó su trabajo en el análisis del proyecto de Ley de Extinción de Dominio con el propósito de confiscar bienes que han sido obtenidos de manera fraudulenta y dar una respuesta a la ciudadanía en momentos en que el país enfrenta el deterioro moral y económico a consecuencia de la corrupción.
La norma que tiene como objetivo regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado está lista para ser votada en el nuevo año, la mesa legislativa realizó varias modificaciones realizadas por los asambleístas durante el segundo debate.
Para la construcción de este proyecto la mesa contó con la participación de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Procuraduría, Consejo de la Judicatura, Contraloría, expertos nacionales e internacionales en extinción de dominio, académicos y legisladores.
Fiscalización
La Comisión, durante el año, trató varias temáticas ejerciendo su rol fiscalizador y de control político. Hizo seguimiento a la aplicación de la Ley Humanitaria en el ámbito educativo. Para tal efecto recibió a la Ministra de Educación, Monserrat Cramer, y a funcionarios de esa Cartera de Estado, ellos explicaron los planes de contingencia por la pandemia del Covid-19, la reducción en el cobro de pensiones, las medidas de bioseguridad implementadas en las unidades educativas, entre otros ejes.
También recibieron a gremios educativos quienes expresaron su inconformidad por el retraso en el pago de incentivos jubilares, desvinculación a docentes, retraso en la cancelación y reducción de salarios; y el retorno de niños y jóvenes a clases presenciales.
En el marco de la pandemia la mesa trató el tema de las personas privadas de la libertad, para ello recibió a Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo y a Gina Gómez de la Torre, miembros del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha; abordaron las normas y estándares internacionales de derechos humanos aplicables a las personas privadas de la libertad en el contexto del Covid-19.
Así también, la Comisión recibió a Julia Landázuri, secretaria Técnica de la Amazonía, quien dio a conocer las medidas y acciones dirigidas a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía, a propósito de la pandemia.
Empresas públicas
En otro aspecto, se creó una subcomisión integrada por los legisladores Pabel Muñoz, Gloria Astudillo y Ramón Terán para conocer de cerca el proceso de extinción y liquidación de empresas públicas, una vez que el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso su cierre mediante decreto.
Una de las conclusiones expuestas a través de un informe fue que, si bien es legítimo de parte del Gobierno buscar una reducción del déficit fiscal cerrando u optimizando entidades públicas, la ausencia de informes que cumplan el artículo 55 de la Ley de Empresas Públicas imposibilita determinar si su cierre es la mejor decisión en la relación costo-beneficio; tomando en cuenta los ahorros en el PIB y Presupuesto General.
La mesa recibió a trabajadores de las empresas públicas Tame, Ferrocarriles del Ecuador, Inmobiliar, Correos del Ecuador, entre otras, ahí dieron a conocer una supuesta vulneración de derechos, el retraso en el pago de salarios e irregularidades en sus liquidaciones.
Explocen
El ente legislativo con el propósito de dar respuesta a los trabajadores de la empresa Explocen, que llevan cerca de seis meses en huelga, citó al ministro de Defensa y presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), Oswaldo Jarrín y al ministro de Trabajo, Andrés Isch, para que expongan sus argumentos sobre una supuesta violación a los derechos a las personas que laboran de dicha institución.
Sin embargo, el primero mencionó que Defensa no tiene competencia en el conflicto y el titular de Trabajo no se pronunció en la Comisión. Los trabajadores y los representantes legales de la empresa argumentaron que supuestamente, han sufrido acoso laboral, hostigamiento y persecución por parte de la Policía, Ejército y Fiscalía.
Agua potable
Se creó una subcomisión integrada por los legisladores Ronny Aleaga y Mae Montaño para que den soluciones a la problemática del agua potable en los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde.
Una vez realizadas las coordinaciones con las autoridades pertinentes, los legisladores lograron que la Comisión de Participación, en su rol fiscalizador, realice un seguimiento al cobro adecuado de tarifas de agua potable y servicios de corte y reconexión, a fin de precautelar los intereses de la población de los cantones mencionados, para lo cual se solicitará a la Defensoría del Pueblo su participación.
También consiguieron que se cumplan las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, respecto de la empresa Eapa-San Mateo, en los diferentes exámenes especiales realizados.
Otros puntos tratados
La Comisión también trató un caso de supuestas irregularidades en el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por la adquisición de ambulancias con sobreprecios. Así mismo, dio voz a trabajadores del sector público quienes durante la pandemia no recibieron su salario a tiempo, incluso se les llegó a adeudar hasta cinco meses.
En otro tema escucharon a las autoridades de las comunidades amazónicas, ellos se refirieron al incumplimiento de obras de compensación por parte de las compañías petroleras. Las autoridades mencionaron que faltan obras de servicios básicos, remediación ambiental e interconexión.
Proyectos de Ley
Además, la Comisión durante 2020 trató el proyecto de Ley que Transparenta y Regula el Lobby y las Gestiones que Representan Intereses Particulares ante las Autoridades de Servidores Públicos y el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Intereses.
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