Grupo Parlamentario trabajó por el respeto a derechos humanos durante la pandemia

Jueves, 31 de diciembre del 2020 - 09:31 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos, presidido por la asambleísta Doris Soliz, trabajó en varios frentes durante 2020. Sin embargo, su principal preocupación fue velar por los derechos de las personas vulnerables durante la pandemia por el Covid-19. A este tema se sumaron otros de justicia y judicialización de la política, vulneración de derechos a pueblos amazónicos, resoluciones, pronunciamientos, entre otros.

Pandemia

En el marco de la pandemia por el Covid 19, el ente legislativo mantuvo reuniones virtuales respecto a las garantías constitucionales que el Estado debía otorgar por la emergencia sanitaria y el estado de excepción que regía en Ecuador, para el efecto recibió, por varias ocasiones, al defensor del Pueblo, Freddy Carrión; a Soledad García relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH); y a Billy Navarrete, representante del Comité Permanente de los Derechos Humanos.

Durante sus ponencias pidieron a las autoridades que garanticen el derecho a la salud, la transparencia en la información sobre el número de contagios y fallecidos, la dotación de insumos y velar por la integridad y bienestar de los profesionales de la salud.

El Grupo también dio voz a miembros de Acción Jurídica Popular, quienes indicaron que el Estado no cumplió con garantizar los derechos de los ciudadanos durante la crisis sanitaria y que el personal médico no contó con medidas de bioseguridad necesarias para protegerse. 

Los integrantes del Grupo se reunieron, en una nueva ocasión, con el fin de analizar la situación laboral de los trabajadores durante el confinamiento. Para analizar el tema invitaron a María Marta Travieso, experta laboral de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), durante su intervención expuso que es necesario que exista diálogo social y negociación colectiva para la conservación de empleos.

Incluso afirmó que, si existía un cuerpo sindical, ellos eran los llamados a negociar los contratos ya existentes. Así también, dijo que en caso de desvinculaciones laborales era necesario cumplir con indemnizaciones y que el empleador exponga una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.

En este tema, el Grupo aprobó una resolución en la que solicitaron al Presidente de la República que ubique los recursos disponibles para fortalecer el sistema de salud pública del país, adoptando los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y garantizando la protección de los profesionales y trabajadores del sistema de salud a través de medidas de bioseguridad, equipamiento adecuados y superar el desabastecimiento. Además que se adquiera y efectúe pruebas masivas, gratuitas y de libre acceso para los casos del Covid.

Sobre la pandemia, el Grupo emitió varios pronunciamientos. Por ejemplo, respecto al plantón realizado en Guayaquil denominado “Estamos en luto y resistencia”, el ente legislativo mediante un documento denunció represión policial durante la protesta pacífica que hicieron ciudadanos reclamando por despidos laborales, falta de protocolo para el levantamiento de cadáveres y recorte presupuestario para la salud.

Así mismo, emitió otro pronunciamiento en el que pidieron garantizar la situación laboral de los trabajadores, garantizar parámetros de bioseguridad cuando corresponda, proporcionar información veraz y transparente respecto a la gestión de la pandemia, entre otros temas.

El ente legislativo, en un nuevo documento, expresó su preocupación respecto a la presencia de personas con síntomas de Covid-19 en comunidades indígenas amazónicas y la falta de pruebas para su diagnóstico. Además, mostraron su descontento por el aumento de contagios en los Centros de Rehabilitación Social del país.

Pueblos Amazónicos

En otro tema, al interior del Grupo Parlamentario se analizó la vulneración de derechos de los pueblos amazónicos. Durante la exposición de varios panelistas se dijo que es necesario establecer políticas públicas que garanticen los derechos de los ciudadanos de la Amazonía.

Se solicitó reducir el índice de pobreza y pobreza extrema, brindar facilidades para la atención en salud y educación, remediación ambiental, así como para la interconexión y movilización entre las comunidades. Así mismo se pidió que de manera urgente se aplique la Ley Amazónica. 

Justicia

En otro ámbito, el Grupo trató sobre la mediatización de la justicia y judicialización de la política. La titular de la mesa, Doris Soliz, consideró que las diferencias políticas deben saldarse en un campo democrático, de debate e ideas y de la expresión en las urnas y no en la justicia, precisamente, judicializando todo aquello que se le critica al opositor e incluso construyendo una serie de elementos que debilitan las instituciones.

Pronunciamientos

Mediante un pronunciamiento, el Grupo Parlamentario instó a la Administración de Justicia actuar con independencia e imparcialidad, respetar los derechos humanos y garantizar el debido proceso en los casos de orden político que se llevan adelante en el país.

En otro tema, el ente también recogió el punto de vista de los legisladores que conformar el Grupo respecto al recorte presupuestario para la educación superior. Los asambleístas se opusieron a que se disminuyan los recursos para el sector educativo. El Grupo también se pronunció sobre otras temáticas de coyuntura. 

Cierre

El Grupo Parlamentario terminó su trabajo en 2020 con el panel virtual denominado “La evolución de los Derechos Humanos, Covid-19, retos y proyecciones”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La titular del Grupo enfatizó en la relevancia sobre el goce y cumplimiento de los Derechos Humanos contenidos en la declaratoria de 1948. Señaló varias acciones ejecutadas por el organismo que encabeza con el objetivo de fortalecer, potenciar y consolidar una cultura democrática en el Ecuador que vele por la garantía de los derechos.

Los participantes coincidieron en que el Estado debe priorizar las acciones de protección y promoción de derechos, a fin de que sean parte estructural de las políticas y lograr así las garantías con igualdad y sin discriminación de los grupos más vulnerables.

SV/cz

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