La Comisión del Derecho a la Salud, que preside el legislador William Garzón Ricaurte, escuchó los criterios de la Academia respecto a los proyectos de Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos; y Mitigar el Hambre en Personas Vulnerables, que se encuentran en análisis previo a la elaboración del informe para primer debate.
Las iniciativas tienen carácter solidario y humanista en favor de los que más necesitan. Plantean como una de las medidas la obligación de no destruir los alimentos perecibles o no perecibles que aún son aptos para el consumo humano.
En efecto, las docentes de la Universidad San Francisco de Quito presentaron observaciones, desafíos y virtudes a los proyectos en referencia. Creen que las iniciativas de las asambleístas Karina Arteaga y Dallyana Passailaigue efectivamente son modelo de aprovechamiento de recursos y de reducción del impacto ambiental, pues si no se los utilizan pueden ser considerados como desperdicios.
Valeria Ochoa subrayó que una las grandes virtudes es la inclusión de grupos vulnerables y la donación de alimentos para consumo humano, con lo cual se puede ayudar mucho a la reducción de los problemas de seguridad alimentaria.
Consideró que es una excelente oportunidad para las empresas, porque les permitirá un ahorro de gastos; entre otros aspectos, por el tema tributario. Explicó que si se hace la donación de alimentos aptos para el consumo, esto permitirá una reducción de impuestos; y, además, evitaría la contratación de gestores ambientales. Subrayó que con la ley se puede aportar de manera positiva dentro del contexto de la pandemia mundial en donde muchas poblaciones han sido afectadas.
De su lado, Daniela Flor propuso evaluar si la distribución de alimentos desde la entidad benefactora al beneficiario debe ser gratuita. Argumentó que actualmente los bancos de alimentos cobran una tasa mínima cuando entregan la donación. El objetivo es tratar de cubrir los aspectos de sostenibilidad financiera, porque el banco de alimentos cubre otros rubros, como logística y coordinación.
Sugirió especificar quiénes serán los donantes de alimentos. La generalidad puede crear cierta ambigüedad al momento de la aplicación de la Ley. Señaló que algo importante para las dos propuestas es la trazabilidad, cree que la información de los registros debe estar disponible al público.
Flor pidió que se revea la temporalidad de caducidad de los alimentos; que el corazón de la Ley esté enfocado en la recuperación de alimentos para consumo humano; y que se tomen en cuenta que existen ciertos temas que ya están siendo regulados por otras leyes, como la gestión final de residuos.
En este contexto, la asambleísta Patricia Henríquez consultó de qué manera se puede trabajar en la cadena de reaprovechamiento de alimentos. Una de las alternativas es poner un valor mucho mayor para la creación de biomateriales del alimento, explicó la catedrática.
En tanto, el parlamentario William Garzón preguntó sobre la experiencia de otros países respecto a los materiales de embalaje para envolver los alimentos. Si hay algún programa de reciclaje y si existe otro país, a más de Chile, que pueda tener una buena ley de esta índole que sirva de referencia.
De acuerdo a las expertas, en el país ya existen recicladoras de material plástico de las envolturas de alimentos. Lo que se está promoviendo es que las envolturas tengan un porcentaje del material de reciclaje. El tema es nuevo y Ecuador está a la par de otras iniciativas como la de Colombia, concluyó Daniela Flor.
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