La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de dar solución al caso de las víctimas de la entidad financiera Proinco, (en liquidación), recibió a Carlos Viñán, presidente de los perjudicados, quien expuso sobre el proceso judicial, la falta de pago a los acreedores y la crisis económica y de salud que atraviesan los exclientes de dicha institución.
Indicó que a pesar de que la empresa ya estaba en liquidación seguía captando dinero y la Superintendencia de Bancos no emitió una alerta al respecto. Así mismo, informó que Santiago Rivadeneira, uno de los principales culpables de dicha estafa masiva, está recluido en el Centro de Privación de Libertad en Latacunga; sin embargo, las soluciones no llegan y el proceso sigue estancado.
Destacó que el perjuicio es de 100 millones de dólares y afecta a 1356 familias, incluidas personas de la tercera edad. “Buscamos recuperar derechos de salud, bienestar y tener una vejez digna”, mencionó Viñán.
El representante de los perjudicados señaló que el dinero se debe devolver en efectivo y pidió que se sancione a todos los responsables. Solicitó que se cumpla con una reparación integral, remarcó que la justicia está en deuda con los cientos de perjudicados. Al mismo tiempo hizo un llamado a la Superintendenta de Bancos para solucionar este inconveniente.
El presidente de la Comisión, Raúl Tello, mencionó que existe una responsabilidad compartida entre Proinco y la Superintendencia de Bancos por negligencia y omisión por parte de esa institución. Le corresponde al Estado proteger a quienes han sido víctimas y perjudicados en este caso. “Son los organismos de control quienes deben garantizar a los ciudadanos para que exista confianza y seguridad jurídica en las instituciones financieras”, expresó.
Respuesta oficial
De su parte, Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, dijo que es evidente que para la institución es de alta sensibilidad el caso de Proinco porque en todo el proceso ya ha actuado la Superintendencia, la Fiscalía y la justicia ordinaria y, en tal sentido, ya hay una sentencia que cumple el exadministrador de Proinco, Santiago Rivadeneira, por el delito de estafa.
La titular de la Superintendencia informó que, el pasado 24 de enero de 2020, por solicitud del legislador Raúl Tello, entregó copias certificadas que respaldan el proceso que llevó la Superintendencia para determinar la revocatoria de autorización de Proinco, disponer la liquidación forzosa de la financiera y un liquidador para esta.
A la vez, destacó que hasta el momento se han llevado a cabo 21 reuniones de trabajo para solucionar el caso, dijo que hay disposición, voluntad, ánimo y responsabilidad de llevar a buen término estos procesos. “Creemos que hay una responsabilidad que le corresponde a la Superintendencia de Bancos y que no ha sido diligente en tiempos pasados, por eso hemos puesto interés en esclarecer estos procesos y colaborar”.
Además, comentó que solicitó al liquidador de Proinco revisar todos los documentos del archivo de liquidación, presentados por los perjudicados. Indicó que hasta el momento se han revisado 1063 operaciones contables. Puntualizó, también, que la Superintendencia no ha dejado de impulsar las causas que corresponde en este caso ante la Fiscalía General del Estado.
La mesa también recibió en comisión general a Jaime Zambrano, asistente de supervisión de la Superintendencia, quien dio a conocer el proceso de auditoría realizado por parte de la entidad, en relación a la liquidación de Proinco.
Solicitud
La legisladora Mae Montaño indicó que esta problemática genera indignación porque afecta a un grupo grande de familias que han puesto sus ahorros en una entidad financiera. Por lo tanto, propuso que se presente por parte de la Superintendencia de Bancos un plan de acción en dónde se determine los mecanismos que se utilizarán para cumplir el objetivo fundamental: entregar el dinero a los perjudicados.
De su parte, Lenin Garrido, asambleísta por un día, indicó que los depositantes tienen derecho a recibir protección que garantice la seguridad de sus operaciones financieras; sin embargo, la Superintendencia de Bancos no cumplió con ese rol. “Necesitamos la protección efectiva de los derechos del usuario”, expresó.
El parlamentario Raúl Tello remarcó que ya ha pasado tiempo suficiente para dar soluciones concretas. En ese marco solicitó a la Superintendenta de Bancos fechas para la entrega del listado completo de acreedores y establecer un cronograma de acciones concretas que desemboquen en el reconocimiento de todos los valores que se adeuda a los perjudicados.
Estamos en el empeño de cerrar este proceso y si hay sugerencias que haga la Comisión para agilitar el caso seremos receptivos, señaló la Superintendenta de Bancos, así mismo, se comprometió a entregar un cronograma de trabajo entre el martes y miércoles de la próxima semana.
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