Ejerciendo su rol fiscalizador, junto a delegados del Ministerio de Finanzas, la liquidadora de varios medios de comunicación y representantes legales, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores analizó la situación actual del pago de los haberes, acciones y valores pendientes de los extrabajadores de medios incautados.
Tras la exposición de las dos partes, los legisladores decidieron trabajar en un articulado para ser discutido en uno de los proyectos de Ley que se tratan en la Comisión, a fin de dar una solución definitiva al problema de los extrabajadores.
El parlamentario Roberto Gómez propuso preparar un camino legal que permita viabilizar la venta de los bienes de los medios incautados y se cumpla con los derechos laborales. Aseguró que se debe dejar establecido quién debe pagar y en cuánto tiempo.
La liquidadora de varios medios de comunicación incautados, Cristina Reyna, aseguró que por la falta de entrega del inventario de bienes y demás documentación del liquidador anterior, el proceso está retrasado. Detalló el pronunciamiento de exclusión de la solidaridad patronal, problemas legales y deudas pendientes en el proceso de liquidación de varios medios incautados.
Aseveró que las compañías incautadas se encuentran en estado crítico, tanto así, que las emisoras podrían salir del aire por el corte de los servicios básicos, no existen recursos para paliar la carga operativa mensual.
Informó que las obligaciones pendientes con el IESS de los seis medios incautados asciende a más de dos millones de dólares. Solamente los gastos de liquidaciones de finiquitos por despido intempestivo es superior a un millón de dólares.
El viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, aseguró que esta cartera de Estado no registra pagos pendientes a extrabajadores de los medios incautados. El asesor de despacho de la misma Institución, Juan Francisco Díaz, reiteró que no existe obligación pendiente respecto a los medios incautados. Recordó que existen pronunciamientos del Ministerio de Trabajo y de Procuraduría, en los que se precisa que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas está excluida de la responsabilidad solidaria patronal.
De su lado, el representante de los extrabajadores de Cable Visión, Roberto Díaz López, aseveró que sí existe una deuda con los trabajadores de esta empresa, como parte de un conflicto colectivo que consta en el acta de 26 de septiembre de 2018, incluso existió un auto de embargo.
Aseguró que deben cumplir las obligaciones laborales de más de 150 trabajadores de Cable Visión, del monto de acciones y participaciones que existen actualmente. Solicita que se apliquen las normas contenidas en la Constitución y en el Decreto Ejecutivo 1059.
En tanto, Isabel Cárdenas, representante de los extrabajadores de radios incautadas y Uminasa, mencionó que nadie responde por las obligaciones, ni con el examen de la Contraloría. Precisó que, “no existe disposición legal que exonere a las empresas públicas de cumplir sus obligaciones”.
Mientras que Galo Arbeláez, secretario general del Comité de Empresa de Cable Visión, demandó cumplimiento con la obligaciones existentes y propuso buscar una fórmula para evitar la vulneración de los derechos.
La asambleísta por un día, Katherine Brborich, sugirió conocer el estudio técnico-jurídico para la venta de los bienes de los medios incautados, a fin de buscar los mecanismos para cumplir con las obligaciones pendientes de los trabajadores.
El legislador Jacinto Espinoza reflexionó sobre la eficiencia del Estado en cobrar las deudas que tienen los ciudadanos, lo que se diferencia cuando el Estado debe cumplir con las obligaciones para con los ciudadanos. Planteó elaborar una hoja de ruta para hacer el seguimiento. A su vez, la asambleísta Samia Tacle consultó cuánto dinero existe en activos y cuánto se requiere para cubrir las diferentes deudas existentes, además de los recursos por cobrar por parte de los medios incautados.
Se excusaron de asistir a esta reunión el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena; y Hugo Orellana, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).
Informe para primer debate negociaciones colectivas
Posteriormente, los legisladores avanzaron con el tratamiento del proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, que busca corregir la revalidación y la reautorización que el Ministerio de Finanzas hace a las negociaciones colectivas.
Solimar Herrera, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, presentó su posición sobre los proyectos en materia de seguridad social. Destacó el tema de la contratación colectiva, en concordancia con las normas internacionales.
El asesor de la Comisión Gabriel Recalde manifestó que con frecuencia los sindicatos de las instituciones públicas actualizan los contratos colectivos, en los que se busca garantizar la estabilidad de los trabajadores, incluso con la posibilidad de indemnización en casos de retiro voluntario.
Tras la moción presentada por el asambleísta Roberto Gómez, los legisladores resolvieron, con 10 votos, elaborar el informe para primer debate del referido proyecto de Ley.
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