En la sesión virtual 142, la Comisión de Justicia inició el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Combatir el Delito de Usura, de iniciativa del parlamentario Juan Cristóbal Lloret. Para tal efecto, escuchó criterios de representantes de la Corte Nacional de Justicia y del Movimiento Pro-Justicia contra la Usura y Corrupción.
El legislador José Serrano, presidente de la mesa, opinó que este tema es un grave flagelo, en que, especialmente, se han visto inmersos los compatriotas migrantes. Es un delito lesivo para la sociedad que surge por la imposibilidad de los ciudadanos, en muchos casos, de acceder a créditos en el sistema financiero legal, donde se topan con una serie de restricciones y dificultades, agregó.
Tras la usura, continuó, se esconden otros tipos penales: trata de personas, lavado de activos, violencia contra las mujeres, extorsión, intimidación, homicidios y asesinatos; muchas personas no denuncian por temor y hasta vergüenza. El drama humano que viven miles de ecuatorianos merecerá una respuesta contundente y urgente, dijo, al expresar que se priorizará el tratamiento del proyecto y esperan que sea una realidad antes que culmine el actual período legislativo.
Observaciones
José Suing, presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia, observó que no es pertinente declarar como imprescriptible a la usura, que es un delito menor, ya que para ello se necesitaría emprender en una reforma constitucional.
La figura de la imprescriptibilidad de la pena es una garantía de un Estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro, que fundamentalmente da cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales sobre derechos humanos y que hace relación al respeto de la dignidad de las personas. Responde a la existencia de ciertos delitos de naturaleza distinta a los comunes, los llamados delitos contra la humanidad, argumentó.
Si bien, como especifica la propuesta, se trata de un ilícito que acarrea graves consecuencias sociales, no es suficiente para justificar la incorporación de la figura extraordinarísima de la imprescriptibilidad, que se aplica para los delitos contra los derechos humanos.
Al comentar sobre la idea de que la persona que, sin tener autorización alguna para ejercer actividades financieras o crediticias reguladas por el sistema bancario o cooperativista, se dedique a conceder créditos por fuera del sistema financiero nacional regular, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Además que la pena se aumentará en el doble, si los perjudicados son más de cinco personas, Suing puntualizó que la figura es demasiado abierta, debería indicarse que la conducta ilícita está en el préstamo con interés superior al legal.
Expuso que existen créditos entre familiares, amigos, sociedades, etc., que no se configuran como usureros o mal habidos.
Teresa de la Nuve Ordóñez, presidenta Nacional del Movimiento Pro-Justicia contra la Usura y Corrupción, aseveró que la usura es la explotación del hombre sobre el hombre. El mismo hombre que concede un préstamo, luego altera las letras de cambio, fechas y firmas para cobrar exageradas sumas de dinero, ante cuya situación están desamparados y olvidados por los administradores de justicia, sostuvo.
Indicó que el Plan contra la Usura no ha dado un seguimiento a esta problemática desde hace cuatro años, pues de tres mil casos de demandas, solo ocho perjudicados han recibido respuesta favorable de parte de la Corte Nacional de Justicia, esto por la negligencia de jueces, fiscales y peritos que no investigan debidamente, más aún cuando consideran que este tipo de circunstancias no tienen connotación social.
Hemos perdido bienes, nuestro patrimonio, muchas familias se han separado, varios han fallecido por este tipo de injusticia; queremos honrar la deudas pero bajo un sistema claro, pues en la mayoría de casos hemos pagado el doble de lo que recibimos como préstamo, aseveró.
Entre tanto, Aldo Auquilla, asesor jurídico del Movimiento Pro-Justicia, manifestó que aquí se desconoce de dónde provienen los dineros que se utilizan en la usura, muchos de ellos son recogidos de manera ilegal y entran en lo que se conoce como lavado de activos.
No se trata de legalizar el delito de usura, sino que el préstamo entre privados sea determinado como un sistema legal controlado por el Estado, que permita declarar hasta impuestos en favor del erario nacional, con intereses normales, enfatizó.
MG/cz
