El presidente de la Comisión de Justicia, asambleísta José Serrano Salgado, anunció que la próxima semana estaría listo el informe no vinculante de la objeción parcial del Ejecutivo al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción.
Esta declaración la formuló durante la comparecencia de la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, Silvana Vallejo, quien expuso sus opiniones respecto del veto presidencial. A la sesión 143, también fue invitado Pablo Celi, contralor del Estado, pero presentó las debidas excusas, por escrito.
Serrano indicó que este viernes, 29 de enero, habrá una nueva reunión técnica para revisar la matriz borrador en torno de cada una de las 20 observaciones formuladas por el Primer Mandatario. Luego de esto, se pondrá a disposición de los comisionados el documento y posteriormente se trasladará el informe a resolución final del Pleno de la Asamblea Nacional.
Observaciones del Sercop
En primer lugar, Silvana Vallejo felicitó a los miembros de la Comisión de Justicia por la firme decisión de trabajar, mediante la adopción de herramientas legales, para que la contratación pública sea eficiente, en defensa de los intereses del país.
Comentó que la ratificación de la disposición reformatoria segunda, permitirá que se implemente la certificación obligatoria de servidores públicos relacionados con procesos de contratación pública, facultando al Sercop a solicitar aplicación de régimen disciplinario y a controlar los procedimientos de contratación pública.
Además, dijo que el allanamiento de la disposición reformatoria tercera, posibilitará la creación del Subsistema Nacional de Control, enfocándose en un control interinstitucional, efectivo y oportuno. Esto fortalecerá la sanción a quienes contravinieren los procesos de contratación pública y las sanciones por vinculaciones, sostuvo.
Así mismo, mencionó que el allanamiento de la disposición reformatoria sexta fortalecerá el procedimiento de contratación de emergencias, recogiendo las principales normas emitidas por el Sercop.
En cuanto al tema de sobreprecios en la contratación pública, la funcionaria se pronunció por acoger el planteamiento del Ejecutivo, el cual prevé la posibilidad de que el Fiscal investigue el delito, sin que el informe de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría sea un condicionante. La auditoría de precios debe realizarse conforme a las circunstancias del mercado, dijo.
Sobre el hecho de que las entidades contratantes en todos los procedimientos de contratación estén obligadas a obtener el informe de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría, Silvana Vallejo planteó especificar si el requerimiento de dicho informe será previo a la adjudicación o previo a la suscripción del contrato.
Se debe tomar en cuenta que, en el año 2020, entre procesos de Régimen Común y Especial, suman alrededor de 235 201 procesos; sin considerar aquellos por emergencia, catálogo electrónico y publicaciones especiales, que suman aproximadamente 167 701 procesos. Falta, entonces, claridad del alcance del informe y en la etapa que se requerirá el mismo, insistió.
MG/cz
