La Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad, presidida por el legislador Jaime Olivo Pallo, recibió la mañana de este 01 de febrero de 2021 al defensor del Pueblo, Freddy Carrión. En esta cita, se refirió a las acciones de ese organismo sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, efectuado por el Gobierno Nacional.
El defensor Carrión indicó que desde el anuncio del plan de vacunación, el organismo se ha mantenido atento a las acciones desarrolladas por el Gobierno Nacional, específicamente por el Ministerio de Salud. Agregó que recibieron varias denuncias de médicos y salubristas que constaban en la primera fase de vacunación, pero no recibieron la dosis contra el COVID-19.
Casos como los de Quito y Cuenca, donde se aplicó el medicamento a personal que no pertenece a la primera línea de acción, han sido, entre otros, las denuncias que recibimos, dijo Freddy Carrión.
Se refirió al caso de la Residencia para Adultos Mayores adscrito al Hospital de Los Valles, que no constaba en esta primera fase de vacunación, al indicar que dicho establecimiento es de carácter privado, cuando en Quito existen otros Centros Geriátricos que son públicos. Sobre este caso, que involucra al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el defensor del Pueblo dijo que se busca es cumplir con los objetivos del plan para inmunizar a la primera línea de acción. La entidad presentó, el lunes pasado, una denuncia formal contra el ministro de Salud.
“No se han transparentado los datos sobre el plan de vacunación”, sentenció Carrión. Por ello, habrían dirigido una carta al Presidente de la República solicitando la destitución del secretario de Estado, al no transparentar la situación derivada del plan de vacunación. “Adicionalmente presentamos a la Asamblea Nacional las pruebas para el enjuiciamiento político y en la Fiscalía General del Estado la respectiva solicitud de investigación porque esta conducta es de índole penal”, manifestó.
De su lado, las legisladoras Susana Delgado y Ximena Chactong se refirieron a la falta de celeridad por conseguir las dosis de vacuna contra el virus, así como el deber del Estado para cuidar de la salud de los ecuatorianos. Las parlamentarias coincidieron en que se deben aplicar sanciones contra el ministro de Salud y corregirse las anomalías presentadas en esta fase inicial de vacunación. Similar criterio presentó el presidente de la mesa, Jaime Olivo.
Conocimiento de proyecto de ley
La Comisión de Derechos Colectivos avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, planteada por la asambleísta Gabriela Larreátegui. La propuesta, previamente calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), busca establecer una norma que permita regular al cuidador y su rol en la sociedad, dijo la proponente del proyecto de reformas.
Para el efecto, la legisladora compareció ante el seno de la mesa y agregó que el proceso de envejecimiento lleva a cuestionar si quien está a cargo de estas personas realmente solventa las necesidades físicas, sociales y emocionales, lo que implica plantear una nueva perspectiva sobre el rol del cuidador. Detalló que el cuidador es la persona quien ha sido contratada para el cuidado y la asistencia de una persona adulta mayor, tanto en el hogar o en alguna institución pública o privada.
La asambleísta Larreátegui indicó que con las reformas se crea un capítulo en la ley en el que se incluyen derechos, deberes, prohibiciones, formación y capacitación para los cuidadores. De esta manera se debe llevar un registro de cuidadores acreditados, señaló.
Así mismo, sobre los derechos, se refirió a los ámbitos sociales, laborales y educacionales, así como la profesionalización, respeto a la integridad y creencias de las personas adultas mayores, mismas que tendrán la capacidad de denunciar maltratos o negligencias por familiares y médicos.
Al hablar de las prohibiciones, señaló que no podrán modificar la medicación, realizar cualquier terapia física que no haya sido indicada por los médicos y otra acción u omisión que provoque daños. Para ello, los entes rectores de la salud pública y de inclusión económica y social deberán presentar asistencia permanente, a través de canales destinados para el efecto, puntualizó, al término de su exposición.
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